La alcaldesa de Burgos aborda los problemas de aplicación de la Ordenanza de Terrazas

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha aclarado las dudas en torno a la Ordenanza de Terrazas, que entró en vigor de manera definitiva en noviembre. Esta normativa, heredada de la anterior legislatura, ha resultado inaplicable debido a los problemas que genera, perjudicando especialmente al sector de la hostelería.

Según ha explicado Ayala, la Ordenanza es más restrictiva, incrementa la complejidad de la tramitación para obtener autorizaciones y establece un Régimen Sancionador desproporcionado frente a las infracciones. De las 628 solicitudes presentadas, solo 82 han sido aprobadas, mientras que 230 se han desestimado por falta de documentación y unas 350 están pendientes de resolución.

La alcaldesa también ha señalado que los requisitos documentales son excesivos, lo que ha provocado una saturación en los servicios municipales encargados de su gestión, ya mermados en recursos. En este contexto, el Equipo de Gobierno aboga por compatibilizar un mayor número de terrazas con la utilización adecuada del espacio público.

Para solucionar estos problemas, el Ejecutivo municipal propondrá en el Pleno de este viernes dos opciones: suspender el Régimen Sancionador, si es viable jurídicamente, o modificar la Ordenanza. Ayala ha asegurado que trabajarán en la modificación de la norma a la mayor brevedad, comenzando con reuniones con los colectivos de la hostelería la próxima semana.

Ayala ha advertido que, en caso de no modificarse la normativa, se mantendrá la aprobada por el anterior gobierno socialista, la cual limita excesivamente los espacios, dificulta las autorizaciones y resulta más sancionadora. Asimismo, ha defendido las acciones realizadas hasta el momento por su administración, incluyendo la ampliación de los plazos de presentación de documentación, aunque reconoce que estas medidas no resuelven la complejidad de aplicación.

Por otro lado, Ayala ha respondido a las críticas del portavoz socialista, Daniel de la Rosa, quien calificó esta postura como «insumisión normativa». La alcaldesa afirmó que su gobierno solo busca adaptarse al marco normativo existente y calificó de «ilegal» la Ordenanza aprobada por el PSOE.

Finalmente, destacó que el número de solicitudes de terrazas se ha duplicado entre 2019 y 2023, lo que subraya la importancia de encontrar una solución que permita compatibilizar el crecimiento de la actividad hostelera con el cumplimiento normativo.