La concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, ha advertido que la supresión de las ayudas a las tres ONG que trabajan con inmigrantes, Burgos Acoge, Accem y Atalaya, tendrá un impacto negativo en los Servicios Sociales municipales. Según Ballesteros, el personal deberá asumir una mayor carga de trabajo, especialmente en tareas de asesoramiento y seguimiento, sin posibilidad de ampliar la plantilla debido a las limitaciones impuestas por el acuerdo marco con la Junta.
La decisión de eliminar estas ayudas, que forma parte del pacto presupuestario entre el equipo de Gobierno bipartito (PP-Vox), ha suscitado polémica. Vox justificó la medida alegando que dichas subvenciones fomentaban un «efecto llamada» de inmigrantes, y redirigirá los fondos hacia programas para Juventud, Infancia y Mayores.
La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales ha señalado que respeta la decisión de Cáritas de renunciar a la prórroga de su convenio con el Ayuntamiento si se mantiene la eliminación de estas ayudas. Además, entiende que estas y otras organizaciones se concentren este miércoles en la Plaza Mayor para protestar contra la medida.
Por su parte, la concejala socialista Sonia Rodríguez ha criticado la decisión, advirtiendo que podría llevar a los Servicios Sociales municipales al borde del colapso. Rodríguez subrayó que la saturación actual se agravará, afectando la atención a las personas más vulnerables.
Ballesteros ha anunciado que este viernes se reunirá con las trabajadoras sociales para definir los próximos pasos ante la nueva situación.