La comisión de investigación de los Consorcios aprueba el dictamen del PSOE
El dictamen socialista se debatirá durante el Pleno de este próximo viernes, 9 de febrero
El Grupo Socialista en principio acudía como oyente a la Comisión de Investigación de los Consorcios, pero finalmente presentó un dictamen que es el que se aprobó durante la Comisión de Investigación, y que por tanto se debatirá en el Pleno ordinario del mes de febrero.
El concejal socialista, Antonio Fernández Santos destaca que ha sido necesario que el Grupo Socialista elaborara un dictamen puesto que los otros que había sobre la mesa presentados por Imagina Burgos y Ciudadanos “no había por donde cogerlos”.
Sobre el Consorcio del Desvío Ferroviario el edil ha destacado entre las conclusiones a las que ha llegado el PSOE que el convenio que se firmó el 13 de enero de 1998 fue “absolutamente leonino” y “perjudicial” para los intereses de la ciudad puesto que el Ayuntamiento de Burgos asumió una responsabilidad económica extraordinariamente gravosa, y cuyo montante final era desconocido por el Ayuntamiento, ya que se ignoraba el coste total de la operación y, además, se desconocían las cantidades que podría obtener de la venta de los terrenos cedidos por RENFE que no aportaba ninguna cantidad en metálico.
Fernández Santos destaca que se han cometido errores a lo largo de los años, el primero el convenio de 1998, pero también destaca el que se firmó en 2014. “Eran inasumibles los compromisos adquiridos lo que obligó a la reestructuración de la deuda”, subraya.
Gloria Bañeres no tiene razón al decir que se han incumplido la legislación vigente
Asimismo, y desmintiendo las conclusiones -que finalmente ha presentado de forma conjunta Imagina Burgos y Ciudadanos- el edil socialista ha dejado claro que la portavoz de ciudadanos, Gloria Bañeres, no tiene razón al decir que se han incumplido la legislación vigente, puesto que las leyes no son retroactivas, y en 2003 la legislación era diferentes.
Además, el socialista deja claro que la ley permitía la creación de los Consorcios; y recuerda que todas las actas fueron avaladas por informes técnicos municipales. Asimismo recuerda que Bañeres está equivocada al hablar de un sobrecoste de 252 millones de euros, y explica que el coste total fue de 242 millones (excluido el bulevar), y lo que ha sucedido es que el convenio de 1998 se acordó que todo lo que pasará de 114 millones de euros lo asumía el Ayuntamiento.
Por todo ello, Fernández Santos dejar claro que se han cometido errores como en toda gestión, pero critica al Alcalde que cuando desaparecieron las cajas no asumiera que era necesario adaptar los estatutos y ver quiénes eran los nuevos socios.
El socialista recuerda que el PSOE ya advirtió en reiteradas ocasiones de la necesidad de adaptar los estatutos a la legalidad.
Consorcio de Villalonquéjar
Sobre este consorcio la concejala socialista, Nuria Barrio, es contundente el ente que se creó en 1996 entre el Ayuntamiento y Caja de Burgos se ajusta a la legalidad.
La edil recuerda que en su momento se constituyó como un ente de gestión, y que tras el buen funcionamiento de Villalonquéjar I y II y tras ver que la demanda sobre los terrenos aumentaba parecía la opción más razonable. El problemas como explica Barrio vino en 2008 con la crisis que alejó los proyecto de las cerca de 268 empresas que en 2006 estaban interesadas en ubicarse en Burgos.
“Con la crisis que afectó a las ventas fue necesario seguir haciendo operaciones de crédito”, apunta la socialista.
Uno de los punto de inflexión como señala Barrio en sus conclusiones fue el “famoso” convenio de 2014, pero tal y como explica y ante las imposibilidad de pagar las deudas contraídas el PSOE en un ejercicio de responsabilidad opto por refinanciar la deuda.
La edil subraya que se ha hecho más en el último mes que en el último año, y declara que el Consorcio de Villalonquéjar es “un instrumento válido y eficaz además de necesario”, y recuerda que este ente debe adaptar sus estatutos a la legalidad vigente.
