El Pleno rechaza «el basurazo» de Sánchez

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado una proposición presentada por los grupos del Partido Popular y Vox contra la nueva tasa de basuras obligatoria impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez. La votación ha contado con el respaldo de estos dos grupos, mientras que el PSOE ha votado en contra de la iniciativa.

La nueva normativa, aprobada a nivel estatal, obliga a los ayuntamientos a aplicar una tasa que refleje el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Esto supone que las entidades locales deberán implementar «sistemas de pago por generación» que cubran completamente los costes del servicio.

El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, ha sido uno de los principales críticos de esta medida, calificándola como un «tasazo o basurazo» que, según él, obligará a los burgaleses a pagar más impuestos y reducirá la capacidad de ahorro de los ciudadanos. Manzanedo ha señalado que, aunque esta tasa ya existía de manera opcional en algunos ayuntamientos, ahora será obligatoria, lo que limita la capacidad de los municipios de decidir cómo financiar los servicios de recogida de residuos.

Por su parte, el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, ha subrayado que esta nueva tasa generará «más inseguridad jurídica» y que podría dar lugar a numerosos litigios en los tribunales, como ya ha advertido la Asociación de Inspectores de la Hacienda Pública Local.

Desde el PSOE, el portavoz Daniel de la Rosa ha defendido la medida, recordando que Burgos ya cuenta con una tasa de basuras para la recogida de residuos. Además, ha señalado que esta normativa es la trasposición de una directiva europea que el PP apoyó en el Parlamento Europeo, y en la que en el Congreso de los Diputados se abstuvo. De la Rosa ha subrayado que la tasa forma parte de un esfuerzo para cumplir con las normativas medioambientales europeas y que la subida de impuestos por parte del Gobierno local es independiente de esta medida estatal.

Manzanedo ha insistido en que, tanto para los ciudadanos como para los ayuntamientos, esta tasa resulta impopular porque, hasta ahora, podía financiarse con los recursos generales del presupuesto municipal. Ha añadido que la nueva ley opta por la «penalización» en lugar de incentivar prácticas de reducción de residuos.