Carolina Blasco afirma la suspensión de la Zona de Bajas Emisiones por el TSJ
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León impondrá costas al Ayuntamiento de Burgos, hecho que, según ha dicho, «debería ser Daniel de la Rosa quien tendría que pagar las mismas de su bolsillo cuando se cuantifiquen»
«Llevo mucho tiempo luchando contra la idea totalmente autoritaria de Daniel De la Rosa de imponer a todos los burgaleses una Zona de Bajas Emisiones, un Burgos Central», ha querido recordar Carolina Blasco. Desde junio de 2022, donde en un Pleno le dijo al alcalde que reconsiderase la posibilidad de hacer de otra forma la implantación de esta Zona, «le dije que nos tendríamos que preocupar realmente de la calidad del aire en lugar de dar un pelotazo tecnológico a través de un contrato», ha recalcado.
Blasco también ha recordado que en aquel entonces, el equipo de Gobierno quiso escuchar al Grupo Municipal Popular y no se les contestó. «A partir de ahí tuve que defender el interés general de la misma forma que Daniel de la Rosa me dijo, que era yendo a los tribunales», ha explicado. Así lo hizo y hoy la Sala del Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón, ya que dice que el contrato es nulo, no tiene cobertura jurídica y no solamente eso, sino que ratifica las medidas cautelares de suspensión de este contrato que ya estableció el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
Además, el TSJ impondrá las costas a la Administración local. «Daniel De la Rosa ha entendido que la ciudad es suya y espero que las costas que vamos a tener que pagar todos los burgaleses las pague de su bolsillo, si la ciudad es suya, también tendrá que asumir los costes de sus equivocaciones y los costes de sus errores», ha subrayado.
Carolina Blasco ha explicado que la sentencia de apelación de la Sala del Tribunal Superior de Justicia consta de 25 folios que son «un varapalo a Daniel De la Rosa y su gestión, que pone de manifiesto que fallaron absolutamente todos los controles». «Yo creo que he defendido el interés general, así lo he dicho y así también lo dijo el juzgado cuando decidió apoyar estas medidas cautelares, suspendiendo la ejecución de este contrato», comentaba. «La Sala dice que no solamente he defendido el interés general y lo califica con gran interés general para que no se despilfarren los 3,5 millones de euros que posiblemente si la ordenanza no les da cobertura, no tendrían ninguna razón de ser», ha dicho Blasco, que es lo primero que dicta esta sentencia.
También dice que «el Ayuntamiento ha mentido», ya que ha tratado de demostrar que se perdería el dinero de los Fondos Europeos en el caso de que este contrato no se ejecutara y dice que no es así. «Estos Fondos Europeos tienen un periodo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015, con lo cual esta excusa pone de manifiesto que no es cierta», ha apostillado antes de decir que «no podemos permitirnos tener un alcalde que miente no solo a los ciudadanos, sino a los tribunales».
Por otro se esgrimía la falta de ordenanza, y la sentencia dice que la falta de ordenanza sin un presupuesto previo a cualquier contrato como consecuencia este no tiene causa y por consiguiente, es nulo.
En relación el Estudio de Seguridad y Salud de prevenir los daños que puedan tener los trabajadores en la ejecución de una obra dice que «a pesar de todos los controles dijeron que había Estudio de Seguridad y Salud y no existe, se ha tratado de dar gato por liebre».
«Yo creo que el interés general se defiende así, poniendo por delante, con valentía, cuando todo el mundo te pone en duda manteniendo tu criterio. El interés general no se defiende con selfies, yendo a visitar obras fracasadas. Si los proyectos personalistas de quien su modo de vida es la política se ponen por delante del interés general, esta ciudad tiene un problema», ha concluido Carolina Blasco.
