Podemos lamenta la «oportunidad perdida» por el equipo de Gobierno para «apostar de manera decidida» por la participación de los ciudadanos

«El nuevo Reglamento Municipal de Participación Ciudadana es una muestra más de que desde el bipartito no se cree en la intervención de los burgaleses en la toma de decisiones». «En vez de impulsar la participación, la dificulta», ha asegurado su portavoz, Margarita Arroyo

Para el Grupo Municipal de Podemos, la aprobación del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, que entra en su recta final, es una nueva «oportunidad perdida» por parte del equipo de Gobierno para impulsar la presencia e intervención de los burgaleses y burgalesas en la toma de decisiones. «Se pone de manifiesto, una vez más, y como ya expresamos en el último Pleno de Debate sobre el Estado de la Ciudad, que el bipartito no cree en la participación», lamentaba la portavoz de Podemos, Margarita Arroyo.

Para Podemos el Reglamento dificulta la colaboración de las asociaciones locales en el análisis de los diferentes asuntos objeto de estudio y en la toma de decisiones. Podemos ha realizado alegaciones técnicas previas a la aprobación definitiva del Reglamento que espera que sean tenidas en cuenta «para, de algún modo, reducir las dificultades impuestas a las asociaciones para poder participar en la gestión de su ciudad», afirmaba Arroyo.

Desde Podemos Burgos entienden, en primer lugar, que es una «muestra del carácter limitador» del Reglamento que el articulado reduzca las intervenciones en el pleno o la posibilidad de ser convocadas a órganos deliberativos a las asociaciones que, además de estar inscritas en el Registro Municipal, hayan sido declaradas de utilidad pública. Una condición que «arrincona» al resto y prioriza la antigüedad sobre la relevancia o calado social que las entidades puedan tener en un momento determinado, en contra «del más amplio derecho de participación ciudadana». Máxime cuando el borrador del Reglamento establece que para ser declarada de utilidad pública, «la entidad solicitante deberá haber desarrollado su actividad en el municipio de Burgos durante los últimos cinco años», cuando a nivel estatal el criterio para declarar la utilidad pública de una asociación son dos años de antigüedad. «Nos parece una clara muestra de la falta de interés del equipo de Gobierno para dar presencia a las asociaciones en los órganos deliberativos», denunciaba Margarita Arroyo. 

Determina el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, igualmente, como requisito a la hora de reconocer la utilidad pública de las entidades “la existencia de otras entidades con similares objetivos en el miso o parecido ámbito de actuación”, un criterio «discriminatorio», en opinión de Podemos. «No debería existir ningún problema en que existan varias entidades del mismo ámbito que puedan ser consideradas de interés público», aseveraba la portavoz municipal.

De igual manera, desde Podemos se defiende que el Reglamento de Participación Ciudadana debe incluir criterios «claros y objetivos» que justifiquen la denegación de la inscripción de las asociaciones en el Registro, ya que los mismos no están recogidas en el texto. «Entendemos que la aceptación de una candidatura no puede depender del criterio de un técnico. Es necesario que se establezcan causas justificativas de la no entrada en el Registro, así como los recursos disponibles en caso de denegación para cumplir, además, con la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas», añadía Arroyo. 

Reducir la burocracia

Podemos ha afirmado también que a todas estas trabas reglamentarias se unen otras dificultades añadidas «absurdas», como la exigencia de presentar el programa y presupuesto del año en curso o la duplicidad en la exigencia de informar al Registro de todas las modificaciones que se produzcan en los datos inscritos en los tres primeros meses del año e, igualmente, en el mes posterior a la modificación. «Estamos saturando de una burocracia superflua a las asociaciones», concluía Arroyo.