El Ministerio de Derechos Sociales transferirá 21,1 millones de euros a Castilla y León para la subvención de programas de interés social
El montante está destinado a subvencionar, por parte de las comunidades autónomas, actividades de interés general con fines sociales con cargo a la asignación del 0.7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2020
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 transferirá 21,1 millones de euros a Castilla y León para que subvencione programas de interés general relacionados con fines de interés social, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado.
La recaudación de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas afecta a la subvención de actividades de interés general consideradas de interés social para el año 2020, y ascendió a un total de 283.374.239,89€, de los cuales, el 85,14% del total, es decir, 241.264.827,84€, corresponden al tramo autonómico.
De ese montante, según los criterios aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, corresponden a Castilla y León 21.162.256,38 euros, que suponen el 8,77%, y que gestionará la Junta de Castilla y León. Entre esos criterios se encuentran la tasa de riesgo de pobreza, población, y entre ella, la dependiente, tasas de envejecimiento y discapacidad, dispersión, tasa de paro, renta per cápita o número de familias monoparentales.
Las cuantías correspondientes a cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de Autonomía se transferirán desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a cada administración autonómica teniendo la consideración de transferencia condicionada exclusivamente a la concesión real y efectiva de subvenciones destinadas a programas de interés general para atender fines de interés social.
Las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía deberán presentar al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 un informe de evaluación relativo al desarrollo de los programas en su ámbito territorial, en el primer trimestre del año siguiente al que es objeto de evaluación. Corresponderá al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia la evaluación del resultado de la gestión de las subvenciones previstas.