El PP se queda solo en su rechazo al nuevo marco legal de medidas urgentes en carreteras para mejorar la seguridad vial
Peña dice que el PP “había preparado todo para seguir cobrando en la AP-1 y que “pese a su política ceniza, el día 1 será de fiesta”
El Partido Popular se ha quedado solo en su rechazo a la convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras, cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial y que redundará “en beneficio del interés público” según ha recalcado hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Según ha explicado, las medidas que contempla este nuevo marco legal pretenden dotar de cobertura jurídica a distintas actuaciones que el Gobierno anterior, del PP, llevó a cabo en reiteradas ocasiones, como el desvío obligatorio de vehículos pesados por vías de alta capacidad.
Esta modificación permite que, por razones de seguridad vial o medioambientales, se pueda establecer la prohibición de circular a determinados vehículos pesados en las carreteras convencionales, obligándolos a circular por las autopistas. Estas medidas que se desarrollan mediante convenios o reales decretos, se acompañan con distintas bonificaciones a los transportistas y “ya han demostrado su eficacia en los tramos en los que, hasta la fecha, han sido implantados, reduciendo la siniestralidad en los mismos”, según el ministro.
La modificación que hoy ha convalidado el Congreso introduce también la tipificación de una nueva infracción muy grave para sancionar la eventual negligencia de las sociedades concesionarias cuando ocasionan un perjuicio significativo a los usuarios y además concurran circunstancias por las que la actual infracción grave resulta insuficiente.
A modo de ejemplo, Ábalos se ha referido al caso de los miles de conductores que quedaron atrapados el pasado mes de enero en la autopista AP-6. Así, la urgencia de esta medida legal se justifica por la proximidad en la aplicación de los planes de vialidad invernal por parte de las sociedades concesionarias para tratar de garantizar la continuidad y la calidad del servicio”, ha recalcado.
El PP antepone el interés privado al público
La modificación del Real decreto de Carreteras supone también dar cobertura de rango legal al eventual cobro de peajes por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, (Seittsa), que ha asumido la explotación de determinadas autopistas que han revertido anticipadamente al Estado, “las que conocemos coloquialmente como autopistas rescatadas, las radiales”, como ha apuntado Ábalos.
En este punto, la secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional critica el “ánimo de confundir a la opinión pública del Partido Popular”, al que acusa de anteponer el interés privado al público. Según afirma, el Partido Popular “pretendía rescatar autopistas quebradas con dinero público para devolverles después la gestión a las empresas privadas, una auténtica vergüenza”.
Peña recalca que esa es la auténtica razón por la que el PP está intentando sembrar dudas sobre la gratuidad del peaje de la AP-1, que se eliminará a partir del 1 de diciembre. “El Gobierno del Partido Popular había preparado todo para seguir cobrando por circular por esta vía, digan lo que digan sus representantes, que nunca se atrevieron a hablar de la gratuidad”.
“El próximo día 1 de diciembre este Gobierno cumple con su palabra y garantiza con esta medida la igualdad también en lo relativo a las infraestructuras. Animo a los responsables del PP de la provincia a circular de manera gratuita por la Autovía A-1 y a disfrutar de este tramo libre de peaje puesto a disposición por este Gobierno para todos los burgaleses”, apunta.
“Frente a la política ceniza e inoperante del PP en Burgos, el día 1 es un día de fiesta para nuestra provincia y para muchos de los vecinos que han luchado durante tantos años para que un Gobierno se comprometiera con la libre circulación y redujera la siniestralidad”, añade.
Otro ejemplo de que los populares no contemplaban la libre circulación más allá del final de su concesión es, según Peña, “que no hicieron nada para activar los procesos administrativos para garantizar el mantenimiento y conservación de la vía entre Burgos y Armiñón a partir de entonces, por lo que el Gobierno está ultimando un acuerdo de emergencia con Itínere para que se encargue de estas tareas durante un periodo de seis meses atendiendo a la vialidad invernal.
“De este modo, Fomento tendrá tiempo suficiente para licitar el nuevo contrato de conservación y adjudicarlo. La pretensión del Ministerio es que el personal pueda subrogarse a la futura empresa que realice la conservación”, explica la parlamentaria socialista.
