Una comisión investigará una deuda de más de 800.000 euros en la gestión de tarjetas municipales de autobús en Burgos
Maquina recarga de tarjeta de autobuses
El Ayuntamiento de Burgos ha anunciado la creación de una comisión de investigación para esclarecer las razones y posibles responsables de una deuda superior a 800.000 euros acumulada por la empresa encargada de gestionar las tarjetas municipales de autobús. La empresa, actualmente en concurso de acreedores, generó esta deuda durante varios meses, lo que ha llevado al consistorio a tomar medidas para depurar responsabilidades.
La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, ha explicado que la decisión responde a un acuerdo adoptado en pleno con los votos favorables del PSOE y Vox. Cabe destacar que los cuatro ediles de Vox votaron en contra de esta propuesta en un pleno anterior, cuando aún formaban parte del gobierno junto al PP.
La presidencia de la comisión recaerá en el vicealcalde Manuel Manso (PP), aunque el partido ha ofrecido la vicepresidencia a Vox, en un gesto para fomentar la cooperación. La comisión estará integrada por cuatro concejales del PSOE, uno de Vox y cuatro del PP, entre ellos José Antonio López, quien ocupaba la concejalía de Movilidad durante el periodo en el que se acumuló la deuda.
En su primera reunión, la comisión definirá su funcionamiento, incluyendo la periodicidad de sus reuniones, los comparecientes que serán llamados a declarar y si las sesiones serán públicas o se realizarán a puerta cerrada.
Además de esta comisión, el Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad en el pleno la creación de una comisión especial para el seguimiento de los fondos europeos. Esta será presidida por el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo (PP), mientras que la vicepresidencia ha sido ofrecida al portavoz socialista, Daniel de la Rosa.
La nueva comisión se reunirá trimestralmente y, al igual que las comisiones informativas ordinarias, sus sesiones se desarrollarán a puerta cerrada.
El anuncio de ambas comisiones refleja el interés del Ayuntamiento por garantizar la transparencia en la gestión municipal y la fiscalización de recursos públicos, tanto en el caso de la deuda de las tarjetas municipales como en el uso de los fondos europeos. Según Ballesteros, estos pasos son esenciales para recuperar la confianza de la ciudadanía y asegurar un manejo responsable de los recursos públicos
