Pradoluengo acoge una jornada informativa sobre seguridad del patrimonio cultural
La iniciativa se inscribe dentro de las medidas propuestas por el Comité Territorial de Seguridad de Patrimonio Cultural de Burgos para transmitir pautas sobre prevención contra acciones ilícitas en elementos históricos y artísticos
Pradoluengo se ha convertido hoy en el escenario de una jornada informativa organizada por el Comité Territorial de Seguridad del Patrimonio Cultural, órgano de intercambio de información y coordinación integrado por representantes de la Comunidad Autónoma, de la Administración del Estado y de otras entidades.
La jornada ha sido presidida por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz Alonso y a ella han acudido el Subdelegado del Gobierno, representantes del Servicio Territorial de Cultura Turismo y Deporte, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Fiscalía y del Arzobispado. Asimismo, se ha invitado a participar a todas las entidades locales del partido judicial de Briviesca, de Pancorbo, de Miranda de Ebro, de Miraveche y del Condado de Treviño, afectadas por haber sufrido expolios recientemente o estar en riesgo de sufrirlos en un futuro.
El objetivo de esta iniciativa es transmitir pautas y criterios de actuacion y prevención para evitar acciones ilicitas, sobre todo expolios, contra los biene integrantes del Patrimonio Cultural. Está dirigida a alcaldes, párrocos, vecinos, entidades y asociaciones de la zona, sin perjuicio de que pueda asistir cualquier persona o entidad interesada en el tema del resto de la provincia.
Burgos es la provincia de Castilla y León con más Bienes de Interés Cultural. En total cuenta con 376 de los más de 1.800 que hay en la Comunidad. Además, en toda la región hay inventariados más de 23.000 yacimientos arqueológicos y el patrimonio eclesiástico se compone de más de 200.000 bienes. En este sentido, la Junta de Castilla y León es propietaria de pocos de estos bienes artísticos y por eso es muy importante que los titulares, propietarios y administradores de los mismos, y también los ciudadanos, se conviertan en agentes activos que velen por la seguridad y la conservación del patrimonio.