El Ayuntamiento reclamará 855.000 euros de deuda a la empresa de recarga de tarjetas de autobús
Prepay Technologies S.A., la empresa encargada de gestionar la recarga informática de las tarjetas de autobús urbano, ha acumulado una deuda superior a 855.000 euros con el Ayuntamiento de Burgos, al no transferir los ingresos generados por su plataforma de recarga, según informó José Antonio López, concejal del Área de Movilidad.
El Gobierno municipal tuvo conocimiento de esta situación tras un hackeo sufrido por la plataforma en abril. Desde entonces, la empresa ha retenido aproximadamente un millón de euros.
Prepay, que mantenía contrato desde 2013, solicitó el 31 de julio acogerse a un concurso voluntario de acreedores. Posteriormente, el Juzgado de Zaragoza emitió el 18 de septiembre el auto de apertura del concurso, por lo que no se sabe si se podrán recuperar los casi 900.000 euros adeudados.
López mencionó que este problema no es exclusivo de Burgos, ya que se han presentado situaciones similares en Córdoba y Tenerife. Ante esta coyuntura, el Gobierno local ha tomado medidas legales y técnicas, incluyendo la preparación de un contrato de emergencia con otra empresa para asegurar el servicio hasta que se realice una nueva adjudicación. Mientras tanto, Prepay está obligada a seguir prestando el servicio, garantizando los saldos de las tarjetas y el funcionamiento de los puntos de recarga, tanto en la red asistida como en la comercial.
El Ayuntamiento emprenderá acciones legales a través de un proceso penal, calificando la situación como «extremadamente grave». El concejal subrayó que el daño económico al consistorio es significativo y que perseguirán a los responsables.
Además, se realizarán investigaciones internas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. El Área de Movilidad ya ha iniciado los trámites para la nueva licitación del servicio, dado que el contrato de emergencia tiene una duración de solo 12 meses.
Finalmente, el concejal aseguró que el Ayuntamiento agotará todas las vías legales, y Prepay podría enfrentarse a cargos por delitos contra la Hacienda Pública, malversación y apropiación indebida.