Aprobada la Ley de Blindaje de los Servicios Públicos en Castilla y León
El pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado la Ley de Blindaje de los Servicios Públicos, una normativa que busca proteger la calidad de los servicios de educación, sanidad y servicios sociales en la Comunidad. Así lo ha confirmado Inmaculada Ranedo, procuradora del Partido Popular por Burgos, quien destacó que la nueva ley garantizará que las consejerías mantengan, al menos, el mismo nivel de financiación actual para asegurar la continuidad y calidad de los servicios autonómicos.
Ranedo subrayó que Castilla y León se distingue por la excelencia de sus servicios públicos, destacando que la Comunidad cuenta con la cuarta mejor sanidad del país. Los servicios de urgencias reciben una valoración excelente por parte de los usuarios y los profesionales disfrutan de una de las mejores ratios de España. En cuanto a educación, citó los informes PISA, que sitúan a Castilla y León entre las mejores tanto a nivel nacional como internacional. En los servicios sociales, la Comunidad también se posiciona como una de las mejores gestoras en España.
Aunque la ley no fija personal estable ni una cuantía económica concreta, su principal objetivo es asegurar el acceso equitativo a los servicios públicos en todo el territorio. Cualquier propuesta para eliminar un servicio deberá ser presentada al Consejo de Gobierno y debatida en las Cortes, con la decisión final a cargo de la Junta tras la correspondiente votación.
La normativa también define la frecuencia de consulta médica en localidades rurales, ajustándola al tamaño de la población: en pueblos con menos de 50 habitantes, será a demanda; para aquellos con hasta 100 habitantes, habrá consulta un día a la semana, dos días en poblaciones de hasta 200 habitantes, y tres días para las que tengan hasta 500 tarjetas sanitarias. En localidades con más de 500 habitantes, habrá consulta diaria de lunes a viernes.
Además, la ley garantiza la continuidad de las unidades escolares con al menos tres alumnos matriculados, y estas no podrán eliminarse hasta que no transcurran dos cursos sin actividad. Los servicios sociales esenciales en zonas rurales se mantendrán conforme al catálogo de la Comunidad, asegurando el financiamiento necesario para que las entidades locales continúen prestando estos servicios al nivel actual.
Para el PP, esta nueva ley refleja el compromiso de Castilla y León con la protección de sus servicios públicos, asegurando su calidad y accesibilidad para todos los ciudadanos, especialmente en áreas rurales y pequeñas localidades.
