La Policía Nacional inspecciona cuatro hoteles de una misma empresa en la provincia de Burgos
Esta operación se ha llevado a cabo conjuntamente con funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
14 de los 26 trabajadores hallados, carecían del permiso para trabajar
Se incoaron nueve expedientes administrativos por infracción a la LOEX, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
Agentes de la Comisaría Provincial Burgos y funcionarios de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han llevado a cabo diversas inspecciones en cuatro establecimientos de hostelería de la provincia a lo largo del mes de enero.
El operativo se ha desarrollado de forma simultánea en localidades cercanas a Burgos y a Miranda de Ebro, donde la empresa matriz posee los establecimientos hoteleros. Se constituyeron cuatro grupos operativos mixtos, formados por agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras junto a funcionarios de la IPTSS, estando uno de ellos integrado por agentes de la Comisaría Local de la Policía Nacional de Miranda de Ebro
Durante el operativo se hallaron 26 personas que desempeñaban diversas actividades de hostelería, de los cuales 14 carecían de la pertinente autorización para trabajar, no pudiendo ser incluidos en el régimen de la Seguridad Social.
De la totalidad de estos trabajadores, nueve se encontraban en situación irregular, por lo que se incoaron los respectivos expedientes administrativos por infracción a la LOEX, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
Teniendo en cuenta el artículo 54.1.d) de la ley de extranjería, las sanciones pecuniarias derivadas de las infracciones administrativas constatadas ese día, están contempladas como faltas muy graves, y se sancionan con multas que van desde los 10.001 hasta los 100.000 euros, por cada trabajador que carezca de la debida autorización laboral.Este tipo de operaciones se enmarcan en el Convenio existente entre el Ministerio del Interior y el Organismo Autónomo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que coordina la acción operativa en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.