La Junta de Castilla y León aporta una bomba rural pesada y una nueva red de comunicaciones al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Aranda de Duero por valor de un millón de euros

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Uno de los nuevos vehículos de Aranda de Duero

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La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés, y el alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje, acompañados por el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, han presentado hoy un vehículo de altura, otro de mando y diverso material financiado por el Gobierno autonómico con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER REACT UE).

Con esta ayuda el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Aranda de Duero amplía las capacidades del servicio de bomberos.

Nuevo vehículo en altura

La Junta de Castilla y León ha posibilitado al Ayuntamiento de Aranda de Duero destinar a su servicio de bomberos un vehículo para rescate en altura, lo que permitirá mejorar el acceso a las edificaciones con más  altura adaptándose a las peculiaridades de un municipio de más de 20.000 habitantes.

Además de los vehículos, con esta ayuda de más de 970.000 euros el Consistorio arandino ha dotado al servicio de bomberos de material de intervención en  incendios, de rescate en accidentes de tráfico, material de intervención de riesgo químico y equipos de radio.

Línea de apoyos autonómica

La Junta de Castilla y León pretende desarrollar y apoyar la implantación territorial de una red de parques de servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento con criterios de protección civil que permita dar una respuesta homogénea en todo el territorio autonómico, independientemente de la provincia donde se encuentren los ciudadanos, y mejorando el sistema de protección ciudadana en el ámbito rural a través de estos operativos.

Para ello, disponde una línea de ayudas de la que han resultado beneficiarias las nueve diputaciones provinciales, las nueve capitales de provincia, y los municipios de Miranda de Ebro y Aranda de Duero (en Burgos) y de Ponferrada (en León). Son las entidades locales que están obligadas a la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios según la Ley de Bases de Régimen Local y reciben estos incentivos siempre que realicen inversiones en la construcción de parques de bomberos o bien en su modernización y equipamiento.

Del importe inicial de la subvención, que ascendía a 35.100.000 euros, se ha ejecutado por parte de los beneficiarios 19.794.284 euros. De esta cuantía, más de 6,1 millones se han destinado a la construcción de nuevos parques o su adecuación; algo más de 8 millones se han destinado a la adquisición de vehículos y la tercera actividad subvencionable se ha dirigido a los equipamientos de los diferentes servicios, por importe de 5,6 millones.

La administración autonómica  ha contribuido con estas ayudas a implantar una prestación homogénea del servicio de prevención, extinción de Incendios y salvamento de en todo el territorio autonómico, especialmente en cuanto a tiempos de respuesta se refiere.

Apoyo continuo de la Junta de Castilla y León a las entidades locales

La directora de Agencia de Proteccion Civil y Emergencias ha resaltado que la Junta va a seguir apoyando a las entidades locales de Castilla y León en el manteminiento y mejora de los servicios de prevención, extinción y salvamento, no solamente con aportaciones económicas, sino también con la tramitación de un marco legal específico, la Ley de ordenación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales Castilla y León, que aborde la configuración básica de tales servicios.

Esta norma, cuya tramitación se ha iniciado, va a establecer un mínimo de homogenización y a facilitar una mejora en la colaboración, siendo éste además un elemento clave para la prestación de los servicios en el sistema de protección ciudadana, previendo, además, mecanismos de actuación conjunta y de participación, tanto de las administraciones titulares del servicio, como de los representantes de profesionales, y regulando en términos homogéneos el régimen aplicable al personal operativo que presta los mismos.

 

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