Podemos pide que se incluya una encuesta ciudadana y un informe del Colegio de Psicólogos para «motivar el veto» a las casas de apuestas
La formación ha lamentado la resolución del TSJ de Castilla y León pero hace hincapié en que la misma «reconoce la competencia del Ayuntamiento para legislar al respecto». Solicitaránal equipo de Gobierno que inicie de nuevo el procedimiento «para evitar durante dos años nuevas licencias»
Podemos ha transmitido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos la necesidad de «incluir una encuesta ciudadana y un informe del Colegio de Psicólogos de Burgos» en un nuevo procedimiento contra la instalación de casas de apuesta en la ciudad. La portavoz de la formación en el Consistorio, Margarita Arroyo, ha hecho hincapié, además, en que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León «ha reconocido la competencia municipal para regular la instalación» de casas de apuestas en el casco urbano.
Tras conocerse que el TSJCyL ha dictaminado que la limitación implantada por la unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Burgos «carece de motivación y es demasiado restrictiva», Arroyo ha solicitado que la argumentación «se amplíe» mediante «un nuevo procedimiento» que permita, paralelamente, evitar durante dos años la instalación de estos negocios en los barrios burgaleses. Por ello, Arroyo ha aplaudido la decisión del equipo de Gobierno de recurrir la sentencia, aunque insta a que se reinicie el procedimiento y para salvar esta «falta de motivación» se incluyan nuevas argumentaciones.
La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ ha argumentado en su sentencia que existe «una contradicción» entre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) realizada en 2016 y la relativa a casas de apuestas, de 2019. «Estima que no está suficientemente argumentada la modificación partiendo del texto de 2016″, ha recordado Margarita Arroyo, que ha apuntado que dicho Plan «fue elaborado por el Partido Popular». Esa modificación incluía las casas de apuestas «en el mismo epígrafe que las salas de juego infantil», de forma que «perfectamente una casa de apuestas podía instalarse a 100 metros deun colegio», como hay ejemplos en la ciudad.
Esta situación, unida al incremento de los casos de ludopatía y de problemas de salud mental vinculados llevaron al Pleno municipal a aprobar una modificación «por unanimidad», ha recordado Arroyo. «Incluso el PP municipal se dio cuenta del error cometido», ha dicho. «No así el regional, ya que desde Presidencia de la Junta de Castilla y León se nos envió una comunicación advirtiéndonos de que no éramos competentes», ha lamentado. Una afirmación que la justicia ha negado, ha matizado la portavoz de Podemos: «Debe quedar muy claro que los ayuntamientos, así lo dice la sentencia, son competentes para regular la instalación de casas de apuestas en el casco urbano».
Podemos ha propuesto al Ayuntamiento, además de recurrir al Supremo, «reiniciar el procedimiento interno» para vetar las casas de apuesta en zonas residenciales: «Esto permitiría, por lo pronto, que de manera cautelar se paralicen nuevas licencias». En esta argumentación la formación ha considerado que se deberían incluir dos nuevos informes: por un lado, una encuesta a la ciudadanía burgalesa sobre su opinión acerca de las casas de apuestas en los barrios y, en segundo lugar, un informe elaborado por el Colegio de Psicólogos de Burgos sobre la influencia de la instalación de estos negocios en las zonas residenciales y el incremento de los problemas de salud mental.
Se salvaría así, ha considerado Podemos, la «falta de motivación» esgrimida por el TSJCyL. Y Arroyo ha ido más allá, que ha pedido al equipo de Gobierno «un paso adelante» con respecto a las políticas sociales sobre ludopatía. «El Ayuntamiento debe incluir en su Plan de Drogodependencia la ludopatía como adicción sin sustancia», ya que el actual no lo contempla. «La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la ludopatía una enfermedad mental por ‘trastorno por juego de apuestas’ desde el 1 de enero de 2022″. Una enfermedad que supone, además, «un problema de salud pública» que también contempla la Estrategia Nacional sobre Adicciones (2017-2024).
Sorpresa en la ABAJ
La sentencia ha causado «incredulidad» en la Asociación Burgalesa de Rehabilitación del Juego Patológico (ABAJ), que ha lamentado «que se juegue con la salud y con la vida de enfermos». Su psicólogo, David Burgos, ha recordado que «un estudio sitúa en un 40% los ingresos de estos negocios que proceden de personas enfermas, de ludópatas», una cifra que podría «quedarse corta». «Tenemos un teléfono 24 horas operativo al que llaman madres, parejas, llorando por los dramas que esta lacra que es el juego generan», ha dicho. «Es raro el día que no hay al menos una llamada de alguien pidiendo ayuda», ha recordado Burgos.
Junto a David Burgos han estado presentes también Conchi Gil y Sergio Maján, presidenta y vocal de la ABAJ, quienes además de explicar su caso particular y los problemas que el juego les ha ocasionado, han pedido a las administraciones «ayuda» para evitar que el juego «esté tan accesible, sea tan fácil acceder a él» en las ciudades actuales. «Este es un negocio en el que el jugador va a perder. Siempre. Y cuando se produce la adicción se pierden no solo recursos económicos sino la salud, el tiempo con la familia…», ha especificado David Burgos. «Nos parece incongruente por parte de la justicia que se fomenten las adicciones y que se hable de negocios cuando son empresas que viven del sufrimiento de personas enfermas», ha concluido.
