Mañueco defiende las medidas tomadas por la Junta contra la pandemia

Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que las medidas contra la pandemia adoptadas en Castilla y León están contribuyendo a superar la tercera ola

El presidente de la Junta reclama al Gobierno que asuma su liderazgo para una coordinación efectiva de las comunidades, ya que la lucha contra la pandemia requiere de la unidad y el esfuerzo de todos

También ha exigido al Gobierno que haga cumplir los contratos de suministro de las vacunas para que se incremente la distribución de dosis, y se pueda acelerar el ritmo de vacunación y garantizar el calendario

Durante su quinta comparecencia en las Cortes de Castilla y León para explicar la evolución de la pandemia y las medidas adoptadas por la Junta, el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado que “todas las decisiones adoptadas tienen como objetivo luchar contra el virus, atendiendo la encomienda del Gobierno de España, con los instrumentos que nos ha facilitado desde el estado de alarma”.

En este sentido, ha señalado que a la Junta de Castilla y León le hubiera gustado contar con más instrumentos jurídicos para actuar con más eficacia en las zonas de mayor incidencia, por lo que ha reclamado al Gobierno un mayor liderazgo coordinador en la lucha contra la pandemia. “Pido al Gobierno de España un cambio de rumbo. Que asuma su liderazgo y apueste por una coordinación efectiva con las Comunidades Autónomas. Pedimos al Gobierno de España que actúe, que mueva ficha ante una situación de pandemia que requiere unidad y el esfuerzo de todos”, ha afirmado.

Así, el presidente de la Junta ha planteado un decálogo de peticiones al Gobierno, que pasan por actualizar los criterios comunes del acuerdo del 22 de octubre del Consejo Interterritorial de Salud que establece el llamado “semáforo”. Según ha explicado, el actual cuadro de niveles deja arbitrariedad por encima del umbral de 250 de incidencia acumulada, por lo que sería oportuno establecer otros umbrales con medidas comunes para elevadas tasas de incidencia, incluida la posibilidad de un confinamiento total o selectivo en municipios, provincias o comunidades autónomas con una especial incidencia.

Asimismo, ha vuelto a reclamar una herramienta jurídica intermedia entre el estado de alarma y la actual normativa sanitaria, que permita actuar con eficacia desde las comunidades autónomas. E incrementar la distribución de dosis de vacunas para acelerar el ritmo de vacunación y garantizar un calendario. En este punto, el presidente de la Junta ha solicitado al Gobierno que utilice todas las herramientas a su alcance para hacer cumplir los contratos de suministro.

Por otro lado, ha reclamado el establecimiento de pautas comunes en materia de profesionales sanitarios para todos los servicios de salud públicos del sistema nacional; la agilización de los procesos de homologación de títulos de medicina y especialidades de terceros países para facilitar la contratación de profesionales, y el aumento de las plazas de formación de especialistas en las próximas convocatorias previstas.

En materia económica, aprobar un paquete económico adicional para ayudar a los sectores más afectados, como el comercio, el turismo o la hostelería, al igual que ha hecho Castilla y León.

Por último, replantear el reparto de los fondos europeos, que es desequilibrado e injusto, para lo que el Gobierno debe convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y consultar a las comunidades autónomas; aplicar el IVA reducido a todo tipo de mascarillas homologadas, algo que Castilla y León lleva pidiendo desde el mes de abril; y convocar una Conferencia de Presidentes en la que abordar estas cuestiones con el máximo ánimo de coordinación.

Según ha afirmado Fernández Mañueco, se trata de peticiones razonables que ayudarán a mejorar la coordinación, a proteger la salud de las personas y a reducir el impacto en la economía. En este punto, ha recordado que España es un proyecto común que exige lealtades mutuas, algo que ha podido comprobarse durante todas las Conferencias de Presidentes celebradas y en muchas de las cuestiones abordadas en el Consejo Interterritorial de Salud. “Castilla y León no somos competidores o antagonistas del Gobierno de la Nación. Por el contrario, queremos ser firmes colaboradores de nuestro Gobierno y aunar esfuerzos para que España funcione mejor”, ha afirmado el presidente, quien ha realizado una firme defensa del modelo del estado autonómico que “desde el equilibrio entre unidad y diversidad, contempla unas Comunidades gestoras y un Estado director”.

“La respuesta a esta pandemia exige claramente que, desde las responsabilidades y funciones de cada uno, Comunidades y Estado vayan de la mano. La gestión autonómica precisa de una dirección unificada nacional en todas las cuestiones esenciales. Y, por supuesto, de medios suficientes para realizar sus funciones”, ha asegurado.

Tras recordar que el Ejecutivo autonómico siempre ha actuado con lealtad y responsabilidad en el marco de las competencias existentes, analizando los datos y las recomendaciones del comité de expertos, el presidente de la Junta ha asegurado que tras un fuerte inicio de la tercera ola a comienzos de enero, con una subida vertiginosa de los contagios, que llegaron a multiplicar por 12 la incidencia, en los últimos días se está frenando eses fuerte incremento y comienza un ligero descenso de los contagios y en la incidencia acumulada a 7 días y a 14 días.

Tercera ola

Según ha explicado, en la lucha contra la pandemia las medidas son más útiles y eficaces si se aplican con anticipación. Así, ha recordado que ya el pasado 1 de enero se anunció la subida al nivel de alerta 4 en Segovia y en esas mismas fechas se adoptó un cambio de criterio para aplicar antes las medidas restrictivas, tomando como  referencia la incidencia acumulada a 7 días, en vez de a 14 días como hasta entonces.

De este modo, en el Consejo de Gobierno del 7 de enero, con la participación de los expertos, se aprobaron medidas restrictivas en las provincias de Ávila, Palencia y Segovia, con cierres similares a los que mostraron su eficacia en la segunda ola, y ante el crecimiento de la incidencia a 7 días en el resto de provincias, el martes 12 de enero se ampliaron estos cierres a todas las provincias.

Por último, el día 15 de enero, ante el avance de la tercera ola, se anunciaron las medidas de limitación de los grupos de no convivientes a 4 personas; la limitación al  25% el aforo de celebraciones religiosas, el cierre perimetral de todas las provincias y el adelantando del toque de queda a las 20.00 horas.

Según ha afirmado Fernández Mañueco, “son medidas duras, difíciles de tomar, pero necesarias para frenar la escalada del coronavirus, para proteger la salud de las personas causando el menor daño a la economía”, medidas que se tomaron tras escuchar a los expertos, a representantes de sectores económicos, a los portavoces de los grupos parlamentarios, a los alcaldes de los principales municipios y a los presidentes de Diputación.

El presidente ha vuelto a reiterar las razones que justifican estas medidas, especialmente el adelanto del toque de queda, que ha sido objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo por parte del Gobierno. Tras cuestionar que el Gobierno central no esté de acuerdo con el fondo de esta medida, ya que no ha solicitado su suspensión de manera cautelarísima, ha afirmado que la Junta de Castilla y León asumirá la decisión que finalmente adopte el Tribunal Supremo. No obstante, Fernández Mañueco se ha mostrado confiado en poder mantener el anticipo del toque de queda mientras sea necesario ya que se trata de “una medida equilibrada que nos permite proteger a las personas y evitar el mayor daño posible a la economía, y está avalada por razones sanitarias, sociales y jurídicas”.

Desde el punto de vista sanitario, es una medida eficaz y útil, como demuestra que la incidencia acumulada a 7 días haya caído un tercio desde el 24 de enero, cuando se registró el pico de esta tercera ola, mientras que la tasa de crecimiento intersemanal ha pasado de crecer un 147% cuando se decidió establecer esta medida a bajar el 11%.

Socialmente, es una medida lógica, justa y equilibrada que cuenta con el respaldo mayoritario de las personas de Castilla y León, que la cumplen con compromiso y responsabilidad desde el primer día.

Y desde un punto de vista jurídico, es un acto legal que protege la vida por encima de cualquier otro derecho como puede ser la libertad de circulación de las personas.

“Es una medida, en definitiva, que adopté utilizando al máximo, en una situación crítica, las herramientas jurídicas a nuestro alcance para afrontar la pandemia”, puesto que “una situación excepcional requiere medidas excepcionales”.

Prevención y anticipación

El presidente ha subrayado la apuesta de la Junta por una política de actuación basada en la prevención y anticipación, tanto en el ámbito de las vacunas, como la realización de pruebas de detección, el rastreo de casos o el refuerzo de los servicios sanitarios.

En cuanto a las vacunas, la Junta de Castilla y León continúa con el plan de vacunación al ritmo que permite la actual recepción de dosis, que está siendo menos de las  comprometidas por el Gobierno de España. Según ha afirmado Fernández Mañueco, “el sistema público está funcionado y podremos aumentar el ritmo considerablemente, llegar más rápido a más personas, si el Gobierno de España incrementa la distribución y fija un calendario con garantías”. Actualmente Castilla y León es la segunda Comunidad con mayor porcentaje de población vacunada.

También se está aplicando la misma prevención y anticipación en la estrategia de antígenos, cuyo objetivo es detectar lo antes posible a contagiados asintomáticos y romper la cadena de contagios. Castilla y León ha duplicado el número en el último mes y duplica la media nacional, siendo también la primera en número de pruebas diagnósticas.

También se ha incrementado el número de test rápidos de antígenos de segunda generación en los centros de salud y salas de urgencias; y en los cribados masivos en poblaciones con gran incidencia que actualmente suman más de 80 desde el 1 de enero, con varios más en curso y varios más programados. En estos cribados se han hecho pruebas a más de 253.967 personas y han detectado más de 2.771 positivos, que son 2.500 cadenas de contagio rotas.

Igualmente, el presidente ha destacado la prevención y anticipación que se lleva a cabo con los más de 1.240 rastreadores que trabajan en Castila y León, casi el triple de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, o con las propias medidas de vigilancia. Hasta la fecha, Castilla y León ha realizado más de 51.800 inspecciones, con más de 5.700 expedientes sancionadores, a las que se suma la vigilancia de las policías locales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En el ámbito escolar, Fernández Mañueco ha destacado que las aulas confinadas suponen menos del 2% del total y no ha habido que cerrar ningún colegio por el coronavirus. En la actualidad acaba de empezar a dotarse a todos los centros con medidores de CO2 para compatibilizar una correcta ventilación con el adecuado confort térmico en las aulas.

Asimismo, la Junta de Castilla y León ha apostado por la prevención y la anticipación reforzando los servicios sanitarios: con el aumento de las Ucis a más de 550, la adquisición de respiradores, la contratación de personal y con la mejora de los protocolos de actuación. Claros ejemplos son la mejora del sistema de funcionamiento de los hospitales en red, de la cita previa o la reserva estratégica de Epis.

Amortiguar el impacto de la pandemia

Por otro lado, el presidente también ha explicado que para amortiguar el impacto de la pandemia en la economía, en Castilla y León se han puesto en marcha  dos planes de choque, en marzo y noviembre, para apoyar a familias, trabajadores, empresarios y autónomos. Se trata de planes de choque con ayudas directas que suman cerca de 70 millones de euros y con medidas de crédito y liquidez para movilizar casi 700 millones de euros.

A estas ayudas se ha sumado recientemente un plan de ayuda al sector turístico y la hostelería, muy golpeado por la pandemia, con 20 millones de euros en ayudas directas, ampliable otros 10 millones.