Las tarifas de ITV se reducen en un 50 % para vehículos eléctricos y en un 0,4 % para el resto de vehículos durante el 2021

La Junta de Castilla y León ha autorizado y actualizado las tarifas a percibir por las entidades concesionarias del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Castilla y León para el año 2021. Como consecuencia de esta actualización, que hoy se publica en el Bocyl, el coste del servicio para los vehículos eléctricos se reduce a la mitad; mientras, para el resto de vehículos, la reducción será del 0,4%. Esta medida se traduce en un ahorro estimado de unos 160.000 euros por parte de los ciudadanos de Castilla y León que requieran este servicio.

La resolución del  21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de industria, por la que se actualizan las tarifas de ITV, establece como principal novedad la reducción en un 50 % de las tarifas para los vehículos eléctricos puros. Esta reducción es fruto del compromiso recogido en  la Estrategia Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 2020-2023, que trata de impulsar y fomentar el uso  de  vehículos de energías limpias. De este modo,  aquellos vehículos eléctricos puros (BEV) de menos de 3.500 kg, cuyo permiso de circulación esté radicado en Castilla y León, será de 12,63€, la mitad del coste del servicio para un vehículo ordinario de la misma categoría.

Las tarifas de ITV para el resto de vehículos, en ese ejercicio,  bajarán un 0,4%, como consecuencia de la  disminución del IPC. Según los cálculos realizados por la Consejería de Empleo e Industria esta reducción supone que, durante el  año 2021, los ciudadanos de Castilla y León se ahorrarán aproximadamente unos  160.000 euros.

Hay que recordar que la aplicación de tarifas de ITV en Castilla y León está ligada a un proceso que se originó en el año 2015, cuando la Administración regional procedió a reducir las tarifas en un 20%. Esta decisión provocó una serie de procesos judiciales que finalizaron con la sentencia 1073/2019, de 12 de diciembre del Tribunal Supremo.

La principal conclusión de la sentencia es que el Tribunal Supremo considera legal y ajustada a derecho el establecimiento de tarifas más bajas, pero también determinó que el sistema de revisión anual de tarifas de ITV tiene que hacerse de acuerdo a una norma que no sea arbitraria. A día de hoy esta norma es la Orden de 25 de septiembre de 2000, por la que se establecen las tarifas de aplicación a la Inspección Técnica de Vehículos, con motivo de la implantación del procedimiento de control de emisiones previsto en la Directiva 96/96/CE, adaptada al progreso de la técnica por la Directiva 1999/52/CE.