El cambio a una tarjeta única supondría una inversión de más de un millón solo en autobuses

Blasco ha recordado que el Partido Popular ya realizó un estudio previo antes de la puesta en marcha de la nueva tarjeta de autobuses, llegando a la conclusión de que su implantación no se podía asumir por el elevado coste que tendría para la ciudad.

La puesta en marcha de una tarjeta única para aglutinar los servicios municipales supondría una inversión de más de un millón de euros solo en autobuses urbanos, según ha señalado este martes la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, tras conocer que esta es la pretensión de Ciudadanos tras conformar el gobierno del bipartito.

“Ciudadanos está en la nube y debe bajar y poner los pies en la tierra para cumplir con la ley y legar a tiempo a las exigencias en administración electrónica previstas para abril de 2021”, ha reiterado Blasco, antes de animar al bipartido a licitar de forma inmediata los proyectos para no perder la previsión presupuestaria realizada por no haber hecho los deberes.

Blasco ha recordado que el Partido Popular ya realizó un estudio previo antes de la puesta en marcha de la nueva tarjeta de autobuses, llegando a la conclusión de que su implantación no se podía asumir por el elevado coste que tendría para la ciudad.

En este sentido, ha explicado que cada validadora de las tarjetas de autobús tiene un coste de 15.000 euros y la implantación de una nueva tarjeta interoperable exigiría el cambio de todas ellas, lo que conllevaría una inversión de más de un millón de euros solamente para el caso del transporte urbano.

“Es posible pero empezando de cero y en otro momento”, ha aseverado Blasco, antes de añadir que el proyecto, aunque viable, no tiene cabida en un momento en el que existe una deuda municipal de 242 millones de euros.

Por ello, ha advertido al nuevo concejal de Modernización Administrativa, Miguel Balbás, de que sea consciente de esta realidad antes de dar nuevos pasos en su pretensión y ha insistido en que, en caso de seguir adelante con ella, debe paralizarse la entrega de nuevas tarjetas, de las que ya se han adquirido 100.000 unidades, para las que se ha contratado a 5 personas con un presupuesto de 250.000 euros y por las que se está cobrando 2 euros a cada usuario por el cambio, con el objetivo de evitar que después de este desembolso no valga para nada.