El Partido Popular califica como «desastre» la organización del ingreso mínimo vital
La procuradora popular por Burgos, Inmaculada Ranedo, y el senador popular Javier Lacalle coinciden en que la gestión del ingreso mínimo vital está siendo «nefasta y un fracaso»
El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, anunciaba el ingreso mínimo vital como una medida estrella en el inicio del verano como el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2016. Sin embargo, este avance se ha visto paralizado por una «nefasta gestión que está haciendo el Gobierno de la nación», explicaba la procuradora del Partido Popular en Burgos, Inmaculada Ranedo. De las 750.000 solicitudes a nivel nacional se han resuelto exclusivamente cerca de 33.000, un 4,4% de las mismas. Ranedo ha afirmado que «el número de solicitudes denegadas es muy elevado», ya que «de las solicitudes resueltas, 4.148 personas han obtenido la prestación y a cerca de 29.000 personas se les ha denegado la misma».
El senador Javier Lacalle ha explicado que esta situación viene unida «a un gran oscurantismo y a una falta de transparencia por parte del Gobierno», ya que actualmente no se saben las solicitudes de este ingreso en la provincia de Burgos y el ingreso mínimo vital está regulado y en vigor desde el 1 de junio, hace más de tres meses. Los populares estiman que en el mes de julio hubo en torno a 3.000 en la provincia de Burgos sobre un volumen de en torno a 20.000 en Castilla y León. «Precisamente por este fracaso y desastre que está siendo la gestión de esta buena iniciativa es por lo que han replegado velas y en estos momentos no aportan absolutamente ningún dato para que no quede en evidencia esa ineficacia en la resolución de las solicitudes presentadas», manifestaba Lacalle.
Además ha explicado que la situación sobre el ingreso mínimo vital se agrava porque la petición de estas solicitudes tienen que ser telemáticas y en muchos casos las familias afectadas no tienen recursos para tener un ordenador o internet en casa. Ha afirmado que el resultado en muchas ocasiones es que muchas familias no hayan podido hacerlo o hayan recurrido en busca de ayudas en los CEAS del Ayuntamiento o la Diputación, en ONGs o asociaciones.
Lacalle ha exigido que se desarrolle lo que se ha establecido en la propia ley del ingreso mínimo vital, convenios y acuerdos con los distintos ayuntamientos de la provincia de Burgos para que se pueda ayudar en su gestión. «Ahora bien, no se trata de echar más carga de trabajo a los ayuntamientos, sino para que el Gobierno de España pueda conveniar con los ayuntamientos para que colaboren en la gestión con la contraprestación económica para contratar más personal que permita ayudar en esta iniciativa», apuntaba.
A lo largo de esta mañana el Partido Popular ha registrado varias preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno desde el Senado para que se les informe al respecto sobre cuántas solicitudes ha habido en estos tres primeros meses solicitando el ingreso mínimo vital, cuándo se han ido resolviendo en la provincia, si el Gobierno tiene previsto reforzar equipos presenciales para atender a los solicitantes o si el Ayuntamiento tiene previsto desarrollar los convenios previstos en la ley con los ayuntamientos para que los mismos puedan reforzar y ayudar en la gestión de estos expedientes.
Castilla y León
Ranedo ha explicado que en Castilla y León «el problema es grave», ya que «un número significativo de familias que ahora reciben el ingreso mínimo vital han visto disminuidos sus ingresos con respecto a lo que venían recibiendo de la renta mínima garantizada», que es gestionada por la Junta de Castilla y León. En la provincia de Burgos se han resuelto 84 expedientes de ingreso mínimo vital y de éstos, 32 van a cobrar menos con el ingreso mínimo vital que con la renta garantizada de ciudadanía.
Afirma que desde que se aprobó el ingreso mínimo vital hasta hoy se ha reconocido la prestación a 1.655 personas que cobraban la renta garantizada de ciudadanía, y que de ellas, el 33% reciben menos cuantía con el ingreso mínimo vital que con la renta garantizada. Cobran alrededor de 244,16€, frente a los 565€ que recibían con la renta garantizada de ciudadanía. Además, los populares ven una diferencia considerable de lo que se recibía al principio con el ingreso mínimo vital, que eran alrededor de 333€ a los 200 que se reciben ahora.
Ranedo ha confirmado que las personas que cobran algo más de lo que cobraban con la renta de ciudadanía cobran una diferencia de 742€ con el ingreso mínimo vital y 565€ con la renta garantizada de ciudadanía. «Vemos muchas personas castellanos y leoneses que están recibiendo una menor cuantía de lo que hacían con la renta garantizada, y esto es porque el Gobierno establece la cuantía mensual a percibir según los ingresos del año 2019, no de la situación actual a 2020 de estas familias, que si lo hace la renta garantizada que se actualiza año a año», matizaba.
Teniendo en cuenta que la renta garantizada de ciudadanía y el ingreso mínimo vital son incompatibles, la Junta de Castilla y Leónse ha planteado la tramitación de una ley con carácter de urgencia que modifique esta normativa actual para que estas dos prestaciones puedan ser compatibles, de manera que las personas que reciban una cuantía menor de ingreso mínimo vital puedan percibir por parte de la Junta el resto del importe hasta alcanzar la cuantía que cobraría con la renta garantizada de ciudadanía. Este borrador de anteproyecto está en la página web de la Junta desde el 9 de Agosto.
