El Partido Popular pide al PSOE «rigor, transparencia, información y credibilidad» a través de sus alegaciones al presupuesto municipal
La viceportavoz popular afirma que el equipo de Gobierno se infringe «autosabotaje» al incumplir en el presupuesto provisional todas las normas que deben de respetarse
El Grupo Municipal Popular ha presentado esta mañana una serie de alegaciones del presupuesto municipal, que se aprobó el pasado 8 de junio en el Pleno municipal basándose en los tres supuestos que plantea la Ley de Haciendas Locales en su artículo 170: no seguir las normas, procedimientos o trámites que están previstos para la aprobación del presupuesto; la existencia de un desequilibrio entre ingresos y gastos y el incumplimiento de compromisos con terceros.
El concejal popular, Jorge Berzosa, se ha referido en el primer punto, a que el PSOE haya instado a los organismos autónomos del Ayuntamiento a la aprobación previa del presupuesto, como el IMC, así como la liquidación del mismo. Ademas ha incidido en que ninguno de estos órganos conoce sus correspondientes cuentas. «El IMC no existe, y hay que felicitar a Nuria Barrio, su presidenta, porque en un año ha conseguido destrozar 20 años de trayectoria del IMC. Ya no existe, no existe información, se oculta, hay ilegalidades permanentes, falta de gestión, de credibilidad, y se realiza una toma de decisiones unilaterales por quien no puede y no debe», apuntaba.
Berzosa ha explicado también que hay sentencias judiciales que declaran nulo de pleno derecho la ausencia de información por no tener la aprobación de la liquidación por parte de los concejales para su posterior votación.
En lo referente al desequilibrio entre ingresos y gastos, el edil ha expuesto un informe del pasado 3 de mayo, donde la propia tesorera municipal advierte que el 11 de mayo hay que revaluar todos los ingresos del Ayuntamiento, circunstancia que no se ha producido a día de fecha del 26 de mayo, fecha en la que la Intervención General realiza un informe en base al de la tesorera.
Por último, la viceportavoz ha hablado sobre el incumplimiento de compromisos con terceros. En este punto ha recordado que se necesitan y ruegan que se incorporen en el presupuesto estos compromisos, ya que algunos de ellos tienen un título legítimo para exigir que el presupuesto recoja los créditos que esperan, ya que fueron compromiso de la ciudad.
El primero de ellos es el que se incumple con Patrimonio Nacional por el cerramiento de el parque de El Parral con una dotación de 250.000€, consecuencia de un convenio en 2015 donde en su cláusula octava recogía que 48 meses después de su firma era necesario que el Gobierno municipal apostara por realizar el cerramiento haciendo una inversión en las puertas.
El segundo de ellos es con el Consorcio de Villalonquéjar, donde el Ayuntamiento se comprometió a abonar en 2020 cerca de dos millones de euros con cargo al presupuesto de 2020 y 798.277€ con cargo al presupuesto de 2022 para la «inversión trascendental» de la subestación eléctrica. Y en tercer lugar con CETABSA se produjo un incumplimiento, en este caso en un convenio para la ampliación del Puerto Seco de Villafría de 2018 hasta 2021. En este caso se realizó el pago de 2020 a 2021, algo que los populares creen que debe dejar constancia en el anexo de inversiones del presupuesto.
Estos tres compromisos ostentan títulos legítimos de créditos que hay que hacer constar en el presupuesto, pero hay otros que no tienen ese título y sin embargo son conocidos en la ciudad, coo el compromiso con la Fundación VIII Centenario, donde se comprometieron 750.000€ para desarrollar las propuestas y proyectos de la celebración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos y en las fechas actuales los populares alegan que en la actualidad este dinero no consta en el presupuesto.
El Partido Popular ha pedido del Gobierno que no rechace estas alegaciones para que el presupuesto pueda calificarse de legal, ajustado a la realidad y se garantice el respeto a las normas, a los terceros respetando los comprimisos y en definitiva, con los ciudadanos. El plazo para la resolución de estas alegaciones es de un mes y en caso de rechazo Blasco ha afirmado que seguirán tramitándolas al margen del ámbito administrativo.
