Peña apela a la responsabilidad de la Junta para consensuar la desescalada educativa para los estudiantes en la provincia

Espera que, en esta ocasión, el Gobierno autonómico anteponga el interés general a los partidistas que le llevaron a descolgarse del pacto educativo

La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, apela a la responsabilidad de la Junta de Castilla y León para consensuar la ‘desescalada educativa’, que en la provincia afecta, al menos, a cerca de 54.000 estudiantes matriculados en enseñanzas de régimen general, más de 170 en educación especial y alrededor de 6.800 en la Universidad de Burgos, (UBU).

Tras una reunión que ha mantenido por videoconferencia con la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, María Luz Martínez Seijo, y representantes sindicales del área de enseñanza de UGT, CC.OO, CSIF, STECYL, CGT Y ANPE concluye que “el Ejecutivo autonómico está a tiempo de subsanar el error que cometió cuando se descolgó del pacto educativo con el Gobierno por motivos estrictamente partidistas”.

“Se trata de ofrecer seguridad jurídica a los centros educativos y certidumbre a las familias”, advierte sobre la necesidad de acordar un proceso de reapertura gradual de los centros educativos para preparar el próximo curso y el retorno progresivo y voluntario a las aulas que, en Castilla y León, en principio, comenzaría por los alumnos de segundo de Bachillerato y 4º de la ESO cuando la fase de desescalada de la provincia lo permita y compatibilizándolo con las clases no presenciales”.

“Salvo algunos centros docentes del medio rural que entran hoy en la fase1, parece difícil que el resto de la provincia pueda abrir antes de que acabe el curso para recoger la información para preparar el de 2020-2021”, explica.

En el encuentro con Martínez Seijo, la secretaria general del PSOE de Burgos y los sindicatos participantes han abordado también la tramitación de la nueva ley de reforma educativa, LOMLOE, que se encuentra en proceso de presentación de enmiendas. “Nos ha reiterado que el Ministerio de Educación y Formación Profesional mantendrá abiertos los centros que imparten educación especial”, recalca Peña.

“No se puede jugar con el futuro y la seguridad de los alumnos”

La diputada socialista por Burgos lamenta que la Consejería de Educación no haya impulsado consensos ni con la comunidad educativa, ni con el resto de comunidades autónomas, ni con los partidos políticos con representación parlamentaria y advierte de que “no se puede jugar con el futuro y la seguridad de los alumnos de esta tierra”. En la misma línea se ha manifestado Martínez Seijo, quien espera que la Consejería de Educación “no vuelva a dar la espantada por respuesta, dejando en el aire las garantías para estudiantes y docentes”.

Para Peña, resulta “incomprensible” el cambio de postura de la consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, quien rechazó el pacto educativo que impulsó el Gobierno, “en la misma línea que el líder nacional de su partido, Pablo Casado”, aunque inicialmente lo apoyó. “No tiene sentido, cuando, al final, ha calcado prácticamente las mismas medidas de la Orden del Ministerio de Educación”.

La secretaria general del PSOE de Burgos considera que la Junta debe reunir al Consejo Escolar para consensuar la hoja de ruta ante las consecuencias que está generando esta emergencia sanitaria por la Covid-19 y lamenta el rechazo a la propuesta socialista en las Cortes de Castilla y León de dotar de tablets a las familias que carezcan de medios necesarios para seguir la evaluación telemática. También recuerda la necesidad de solucionar las dificultades derivadas de los problemas de conexión a la red que padecen alumnos del medio rural.

La protección de los más vulnerables

Recuerda Peña que alrededor del 14% de los estudiantes de la Comunidad está padeciendo especial dificultad para seguir el curso por la brecha digital “simplemente por falta de recursos”, lo que considera “de especial gravedad.

De no adoptarse medidas correctoras, “puede suponer incluso un año de retraso educativo” para los afectados, según apunta Martínez Seijo y añade a los alumnos con dificultades de aprendizaje entre los posibles damnificados si se produjera falta de consenso en la planificación del final de la desescalada.

“Estamos trabajando con las comunidades autónomas en las políticas y acuerdos necesarios para minimizar los problemas para los más vulnerables, que serían los más perjudicados si no se primara el interés general. Estamos trabajando también para protegerles a ellos”, apunta la portavoz de Educación del GPS.

La secretaria provincial del PSOE ensalza, por el contrario, el esfuerzo de las administraciones locales como el Ayuntamiento de Burgos, “a las que el Gobierno autonómico ha abandonado en materia de escuelas infantiles, de manera que son los consistorios los que están asumiendo los gastos”. En materia universitaria, Peña defiende la adopción de medidas como la rebaja de las tasas universitarias.