La Dirección General de Patrimonio aconseja cómo cuidar el patrimonio cultural durante la crisis del COVID-19
Javier Ortega
Los Ayuntamientos recibieron unas recomendaciones para proteger el patrimonio cultural de sus municipios durante la crisis del COVID-19 y así como para el uso de desinfectantes.
El coronavirus ha afectado a todos los estamentos de la sociedad. Las desinfecciones que se realizan en los distintos municipios, podrían afectar al patrimonio de los mismos. Es por esto, que la Dirección General de Patrimonio envió una serie de recomendaciones a los Ayuntamientos para no poner «en peligro» estos bienes, tanto muebles como inmuebles.
Javier Ortega, consejero de Cultura, señalaba que la buena difusión de las recomendaciones lanzadas por la Junta ha llegado a la mayoría de los responsables de los bienes culturales. En esta difusión han colaborado el PLANCAL, la Federación de Municipios y Provincias, y las propias diócesis de la comunidad, a las que agradecía su colaboración, más con el inmenso patrimonio que atesoran estas diócesis.
El consejero señalaba que, si ha habido «alguna actuación excesiva» ha sido en elementos aislados como en alguna escultura urbana, pero ha sido de manera puntual.
En cuanto a los interiores, Ortega recordaba que se ha evitado la desinfección porque los sitios visitables, como iglesias, monumentos o museos, han estado cerrados.
En cuanto a la fase de desescalada, los criterios que se aplicarán serán similares, como señalaba el consejero, pero siempre siguiendo las recomendaciones de los fabricantes para la aplicación de productos sobre superficies de elementos patrimoniales, pues de no hacerse así, pueden suponer un deterioro de los mismos.
Desde la Consejería de Cultura y la Dirección General de Patrimonio, se emitirán unas recomendaciones sencillas, buscando tres objetivos, por un lado, garantizar la seguridad y la salud de las personas, evitar riesgos colaterales para los bienes culturales, y por último, garantizar que los espacios del patrimonio cultural sean seguros.
Javier Ortega insiste en que esta documentación son recomendaciones y es el Estado quien tiene la autoridad última para establecer la normativa aplicable.
