Podemos reclama a la Junta de Castilla y León un cambio en las condiciones laborales y ampliación de la oferta pública y ratios en las residencias de mayores

Laura Domínguez, la procuradora de Podemos Burgos en Castilla y León ha explicado que desde su partido quieren un cambio real y profundo de la atención residencial en la comunidad autónoma

Domínguez ha explicado que este cambio es necesario y que habrá dos cuestiones en las que espera que todos los partidos estén de acuerdo. En primer lugar de la obligatoriedad de tener EPIS y material de contención en las residencias, incluso en las privadas, ya que se ha visto que ha sido uno de los problemas fundamentales de esta crisis, no tener material suficiente. «Habrá que establecer de manera más férrea que se tiene que garantizar el material de contención para todas las personas que trabajan en las residencias de ancianos», comentaba.

La segunda cuestión a la que se ha referido es a la de revisar y mejorar los protocolos sanitarios. La procuradora ha recordado que ya había protocolos en caso de enfermedades infecciosas para aplicar en las residencias de ancianos pero ha afirmado que no se sabe si se han aplicado o no, o si se han aplicado demasiado tarde. Con la perspectiva de mejora ha explicado que hay que revisar y mejorar los protocolos ya existentes y específicamente los que tienen que ver con el COVID-19 en caso de un posible repunte.

El nuevo modelo de atención residencial que quiere Podemos quiere no privatizar las residencias de ancianos y que sean públicas, ya que cuando el virus del COVID-19 ha entrado en las privadas, la capacidad de la administración para controlar y supervisar lo que está sucediendo en una residencia es muy inferior, y por ejemplo no se pueden publicar los datos de las residencias privadas si estas no quieren.

«La capacidad de control y de supervisión de la administración pública se ve limitada en este sentido, y este es el razonamiento para que defendamos un modelo público, a parte de que es un derecho subjetivo que todos nuestros mayores deben tener, pero entendemos que la incapacidad para controlar y supervisar ha sido una de las debilidades en esta situación, y por lo tanto hay que encaminarse hacia ese modelo público», ha subrayado Domínguez.

La procuradora también ha recordado de que dentro de las 43 medidas que ha presentado Podemos a la Junta de Castilla y León, una de ellas contiene la ampliación de al menos 1.000 plazas públicas en a presente legislatura para poder ampliar la oferta residencial de forma paulatina y equilibrar más la oferta pública con la privada.

También desde Podemos exigirán una ampliación de las ratios y de las bolsas de empleo. Domínguez ha insistido en que es necesario ampliar las bolsas de empleo y la formación para que haya más capacidad de poder contratar y ha calificado de necesario mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las residencias.

«Para Podemos la nueva ley de atención residencial tiene que ser garantista, pública y sobre todo tiene que brindar como un derecho subjetivo que todos nuestros mayores tengan el derecho a ser cuidados en las mejores condiciones y eso significa también cuidar a todo el personal que trabaja en las residencias», matizaba Domínguez.

Residencias de la provincia de Burgos

La procuradora ha explicado que en la provincia de Burgos hay datos que dicen que no hay un problema generalizado pero ha querido dar un ejemplo de la falta de supervisión y control. Ha afirmado que, en contraste con los datos que publica la Junta de Castilla y León cada día, en las residencias de Aranda de Duero y Villarcayo, que dependen de la Gerencia de Servicios Sociales, no se tienen sus datos de personas contagiadas o fallecidas porque a pesar de que son dependientes de la gerencia, son concertadas y  no se están publicando sus datos.

«Yo me pregunto cómo es posible que dos residencias que dependen de la Gerencia de Servicios Sociales no estén haciendo sus datos públicos», ha comentado Laura Domínguez. En este sentido ha incidido en la cuestión de que solo hay de las 97 residencias de la provincia, 5 dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, lo que se traduce en 517 plazas que dependen de la gerencia en una provincia que tiene aproximadamente 6.000 plazas.

Desde Podemos creen que es necesario ampliar las plazas públicas específicamente en la provincia así como en la comunidad y ampliar el personal, las bolsas de empleo. Además Domínguez ha querido indicar también que va a trabajar para que esta situación sea realidad en la provincia de Burgos para que no vuelva a ocurrir lo que ha sucedido en algunas residencias de ancianos durante la crisis del COVID-19.