El PP llevará la supervisión de la gestión del IMC y de la Escuela de Música a un órgano de control externo

El Grupo Municipal Popular denuncia el oscurantismo y la pésima gestión de Nuria Barrio al frente del IMC, negando la información a la que tienen derecho los grupos y exigiendo apoyos amparándose en el estado de alarma

Más de dos meses y medio después de que el grupo municipal Popular hubiera pedido una comisión extraordinaria para analizar la situación de la escuela de música, se ha celebrado la misma con una falta de respeto absoluto al grupo solicitante sin adjuntar ni orden del día ni expedientes vinculados con la prestación de este servicio.

Ante esta situación, y debido a la absoluta falta de transparencia tanto por lo que respecta a las actuaciones administrativas que han permitido la continuidad en el servicio como en la tramitación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito de las facturas emitidas por su prestación, el grupo municipal Popular solicitará que un organismo externo de control supervise la gestión de desarrollada por la presidente del IMC y de la Junta de Gobierno.

Para el PP es intolerable la falta de respeto y el ninguneo que con el apoyo de Ciudadanos y Podemos se permite a la presidenta del IMC, por lo que se ven en la obligación de recurrir a organismos externos bien sea el consejo de cuentas de Castilla y León o el Tribunal de Cuentas.

Además, y por lo que respecta al futuro, afirman que es llamativo que más de 10 meses después todavía no se disponga del pliego para proceder a la licitación de la escuela cuando la presidenta negó públicamente a su llegada que hubiera pliego de prescripciones técnicas. Lo que se ha demostrado que era falso, y retrasó la tramitación de este expediente durante el verano a pesar de las advertencias del Grupo Popular de la inviabilidad de sus propuestas.

En relación con este contrato ni siquiera se ha obtenido respuesta a si se ha procedido a la devolución de los precios públicos pagados a los usuarios del servicio respectivos a la parte proporcional de los días del mes en los que no se prestó el servicio.

Respecto del expediente de modificación de créditos analizado en el mismo siguiente consejo extraordinario hemos pedido la retirada del orden del día de este expediente ante la ausencia de la información requerida en cada caso para entender los motivos que en cada caso justifican la modificación de crédito que se propone. No se ha aceptado someter a votación esto sin información supone exigir a los consejeros que den su apoyo a un expediente desconociendo la información que justifica la dotación de crédito, y por tanto su responsabilidad. Las explicaciones deben ser previas.

Este expediente, pretende dotar de crédito a facturas ya reconocidas por la Junta de Gobierno -presuntamente saltándose todos los procedimientos de pago aprovechando el Estado de Alarma- sin que conozcamos esos expedientes porque a pesar de haberlos solicitado no se nos han facilitado.

Llama la atención que el 95% de las facturas que se tramitan corresponden a la gestión de Nuria Barrio y del partido socialista en el segundo semestre del año y nos pide el apoyo sin informes y sin fiscalización de los expedientes.

De cualquier modo, es preocupante comprobar cómo va desapareciendo la liquidez y los remanentes que había en el IMC, (3´5 m€ en 2018), y que después de esta modificación se habrán reducido en un 60 por 100, y no sólo eso, sino que más del 25 por 100 del gasto ordinario del IMC se tramita sin seguir el procedimiento previsto en la normativa.

Respecto de la plantificación prevista para el castillo ni una sola novedad en relación con la gestión anterior: rutas teatralizadas, la ruta del asedio, visitas a través del plan de empleo y si es posible, mejora del espacio del castillo sin que hasta este momento se haya tramitado ningún expediente.

Sobre las escuela de teatro han querido anticipar los problemas que se pueden generar en la misma si no se cambia el modelo de gestión que ya lleva un evidente retraso y la desprotección que el estado de alarma ha generado ante la prestación de un servicio para la que actualmente ni siquiera se ha comenzado a tramitar el convenio de 2020 llevando casi tres meses de prestación en el momento de la declaración del estado de alarma.