25 años de la Junta Arbitral y 36 de la OMIC
El alcalde ha visitado la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)en su 36 aniversario
Daniel de la Rosa, acompañado por la concejala de Consumo, Lola Ovejero, ha visitado la Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC, cuando se cumplen 25 años de la creación de Junta Arbitral y 36 de la OMIC
Ambos organismos, que en 2020 cumplen 36 y 25 años respectivamente, comparten sede en el Parque Doctor Vara en unas instalaciones que son referente para varias Oficinas de otras provincias.
En la actualidad, la Junta Arbitral de Consumo de Burgos es la primera de España, entre las 48 Juntas Arbitrales Municipales, Provinciales y de Mancomunidad y las 13 Regionales, en cuanto a actividad y a la cuantía de subvención que recibe, por encima de las de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Valladolid o de las Comunidades Autónomas de Castilla y León o Andalucía. En 2019 la subvención ascendió a 56.912,34€, la mayor de su historia, duplicando a la del año anterior. El Ayuntamiento de Madrid recibió 54.703,75€, el de Barcelona 34.729,55€ y el de Valladolid 28.934,54€.
La OMIC ofrece un servicio de información y atención a los consumidores, que realizan una media de 22.000 consulta anuales, alcanzando a fecha de hoy las 418.107 consultas atendidas. Por su parte, el servicio de mediación ha recibido 54.796 reclamaciones, de las que más del 60% fueron resultas de manera amistosa. Y la Junta Arbitral de Consumo, que ofrece un sistema extrajudicial de resolución de conflictos y que tras 25 años de existencia se ha convertido en un referente Nacional, suma una total de 27.981 solicitudes arbitrales recibidas y 11.764 laudos dictados, 831 en 2019.
En España sólo son superiores en actividad las Juntas Arbitrales Regionales de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia por lo que, teniendo en cuenta la enorme diferencia de población con nuestra ciudad, se puede afirmar que la actividad desplegada por la OMIC y La Junta Arbitral es especialmente destacable.
Existe una amplia implantación del arbitraje de consumo en Burgos, como lo demuestran las 3.254 empresas y profesionales adheridas voluntariamente al sistema arbitral de consumo a nivel local. Esta cifra sitúa a Burgos, una vez más, entre las primeras de España en índice de adhesión. Entre dichas empresas, se encuentran todos los servicios Municipalizados dependientes del Ayuntamiento de Burgos, como el Servicio de Aguas, Estación de Autobuses o Servicio de instalaciones deportivas.
Esta importante cifra es fruto de las continuas campañas de información y captación realizadas desde la OMIC durante dos décadas, así como a la continua presencia institucional de la OMIC en los medios de comunicación, en los que se han realizado más de 1.800 intervenciones en las que se han difundido más de 5.400 contenidos referidos al arbitraje y los derechos de los consumidores. No obstante, aún siendo elevado el número de empresas adheridas, no se ha experimentado aumento significativo en los últimos años, por lo que sería conveniente disponer de nuevo de recursos presupuestarios para realizar nuevas campañas de captación dirigidas al comercio y al empresariado en general.
También es importante indicar que durante 32 años –hasta 2015- se llevó a cabo un servicio de formación en materia de derechos de los consumidores, llamado «Aula de Consumo», que impartió talleres educativos a 200.835 escolares de todos los centros educativos públicos y privados de Burgos.
Por otro lado, durante los últimos cuatro años se ha llevado a cabo una transformación tecnológica de la OMIC y la Junta Arbitral materializada de dos maneras:
En primer lugar se han mejorado los sistemas de trabajo mediante el desarrollo e implantación de una aplicación informática de gestión de consultas y reclamaciones en entorno web, financiada íntegramente por la Agencia Estatal de Consumo y Seguridad Alimentaria, con un coste de 33.000€.
Entre las muchas mejoras, habilita a ciudadanos y empresas el acceso electrónico a través de la carpeta ciudadana para realizar cualquier gestión con la OMIC y la Junta arbitral, sin remisión de papel, y en concreto permite formular reclamaciones y consultas desde casa, contestar a las reclamaciones y formular alegaciones a través de la página web municipal, conocer estado de tramitación de los procedimientos, acceder al censo municipal de empresas adheridas al arbitraje, solicitar y gestionar la cita previa a través del sistema www.citapreviadirecta.com, la integración con carpeta ciudadana o el tablón de noticias online.
Igualmente, permite el acceso de los árbitros vocales de los tribunales arbitrales al calendario de vistas y señalamientos y a los expedientes asignados para su resolución mediante Laudo arbitral, sin necesidad de envíos de expedientes en papel.
En un futuro próximo permitirá también la tramitación electrónica de los procedimientos de mediación y arbitraje, posibilitando el seguimiento de las notificaciones administrativas realizadas.
Igualmente mejorará la inspección y control del mercado, mediante la integración con la base de datos municipal de sujetos y actividades para la detección de actividades ilegales y su notificación a la autoridad municipal pertinente.
En segundo lugar en materia de avances tecnológicos, se ha posibilitado la asistencia remota de las partes a las vistas arbitrales mediante la compra de equipos e instalación del sistema de videoconferencia, algo que mejora sustancialmente el desarrollo del procedimiento arbitral y con lo que en la actualidad cuentan pocos Ayuntamientos. Dicho sistema se ha financiada íntegramente por la Agencia Estatal de Consumo y Seguridad Alimentaria, con un coste de 3.700€
Por todo ello, hoy podemos asegurar que se ha logrado consolidar un servicio social moderno de atención integral al consumidor, adaptado a las nuevas tecnologías.
Como propuestas de futuro, estudiamos la puesta en marcha de medidas para el fomento del arbitraje de consumo, como el sometimiento obligatorio al sistema arbitral de consumo de las empresas adjudicatarias de servicios públicos que presten servicios a consumidores. Para ello, propondremos la inclusión en todos los pliegos de condiciones técnicas de los concursos de adjudicación de servicios que convoque el Ayuntamiento el requisito exigible para las empresas participantes de estar sometidas, con carácter previo a su participación, al arbitraje de consumo ante la Junta Arbitral de Consumo de Burgos. Actualmente, la condición de adhesión al arbitraje ante la Junta de Consumo de Burgos ya es reconocida como mérito puntuable a la hora de concurrir a subvenciones públicas municipales.
Igualmente se propondrá la adopción de medidas para que aquellas empresas que prestan servicios públicos bajo autorización administrativa, como por ejemplo los taxis, estén sometidos obligatoriamente al arbitraje de consumo.
Como mejora de la protección de los derechos de los consumidores burgaleses, la OMIC elabora actualmente la propuesta de incluir en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas de la Administración Municipal la obligatoriedad de constituir, por parte del adjudicatario, una garantía mediante aval bancario o contrato de seguro que cubra la totalidad del importe del servicio del que serán beneficiarios los consumidores a los que irá dirigida la actividad objeto de contratación. Dicha obligación será igualmente exigida a las empresas que soliciten licencia para la prestación puntual de servicios dirigidos a consumidores en la localidad de Burgos.
Hasta aquí el resumen de lo logrado durante los 36 años de existencia de la OMIC y los 25 de la Junta Arbitral, tiempo en el que se ha logrado consolidar un servicio moderno, e institucionalizar la protección de los consumidores en nuestra ciudad, en la que nuestros derechos se conocen y respetan, brindando también la posibilidad de exigir su cumplimiento por vías extrajudiciales con plenas garantías jurídicas en caso de vulneración.
Para conocer y valorar la opinión de los usuarios se realiza anualmente una encuesta aleatoria y anónima a una población diana de entre 250 y 300 consumidores que utilizaron los servicios de ambos organismos, valorando los primeros 200 formularios de encuestas devueltos.
Los resultados medios de los últimos cinco años reflejaros los datos siguientes:
El 99% de los consumidores calificó su grado de satisfacción con los servicios recibidos de muy bueno o bueno, (68% muy buena, 21% buena, 1% regular, 0% no contesta).
Lo más significativo de lo manifestado por los encuestados fue que el 100% afirmó que volvería a utilizar los servicios de consumo del Ayuntamiento de Burgos.
Esto es una muestra de que la OMIC, en estos 36 años, y la Junta Arbitral en sus 25 de existencia, han contribuido a la mejora de la convivencia en la ciudad de Burgos mediante la difusión de los derechos de los ciudadanos en su condición de consumidores, el apoyo a las Asociaciones de Consumidores, la mejora de las relaciones con los agentes sociales intervinientes en el mercado, el fomento de los sistemas de resolución amistosa y extrajudicial de controversias y el impulso incansable del diálogo entre consumidores, empresas, comercios y profesionales.
Deber por tanto también señalarse el reconocimiento a los profesionales que prestan sus servicios en la OMIC y la Junta Arbitral y a los árbitros profesionales externos que aportan su conocimiento y experiencia profesional para resolver lo más justamente posible cada expediente en los que intervienen.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor de Burgos, (O.M.I.C.)
Creada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Burgos con fecha 3 de mayo de 1984, cumple 36 años de existencia en 2020 y es el órgano administrativo encargado de desarrollar las competencias y funciones asignadas a las administraciones locales en materia de consumo y protección de los consumidores.
Servicios que presta:
- Servicio de información y atención de consultas.
- Servicio de atención y tramitación de reclamaciones.
- Servicio de mediación.
- Servicio de formación y educación para el consumo.
- Servicio de publicaciones.
- Servicios de divulgación.
- Servicio de sensibilización.
- Servicio de fomento del arbitraje de consumo entre empresas o profesionales y consumidores o usuarios.
- Servicio administrativo de tramitación y gestión de reclamaciones.
La Junta Arbitral Municipal de Consumo de Burgos, (J.A.C.)
Creada por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal adoptado en la sesión extraordinaria celebrada el 12 de diciembre de 1.994 y constituida formalmente con fecha 19 de abril de 1.995 cumple 25 años de existencia en 2020. Es el órgano administrativo de gestión del arbitraje institucional de consumo y prestan servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría, tanto a las partes como a los árbitros.
Dado que la competencia es exclusiva del Estado su constitución se produce en virtud del acuerdo suscrito entre el Instituto Nacional de Consumo (Ministerio de Sanidad y Consumo), la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos, que ejerce la función arbitral como competencia delegada.
Servicios que presta:
- Servicio de gestión y resolución de reclamaciones mediante arbitraje.
- Servicio de Secretaría administrativa a Junta Arbitral y Colegios Arbitrales.
- Resolución de las ofertas públicas de adhesión al arbitraje.
- Registro público de empresas adheridas al arbitraje.
- Gestión de los expedientes arbitrales.
