Daniel de la Rosa: «Estoy convencido de que la UBU solicitará la orden que la autorice a matricular el próximo curso para el Grado en Relaciones Laborales».
El portavoz Municipal Socialista, Daniel de la Rosa, ha comparecido esta mañana para hablar sobre cuestiones urgentes que presentará en el pleno del próximo viernes, 12 de abril.
Daniel de la Rosa ha querido mostrar las proposiciones que los socialistas registran para su debate y aprobación si procede en el pleno de este mes. Afirma que a través de los medios de comunicación quiere dar a conocer varias cuestiones de urgencia para que la opinión pública las conozca. Estas cuestiones son dos pequeños conflictos que tienen enquistados con dos cuestiones muy sensibles como son la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que afecta a la impartición del grado de Relaciones Laborales en la Universidad de Burgos (UBU) y a la adaptación estatutaria que necesariamente tiene que abordar el centro asociado de la UNED en Burgos. Afirma que necesitan una posición firme por parte del Ayuntamiento para intentar resolver estos conflictos.
Grado en Relaciones Laborales
El pleno del Ayuntamiento de Burgos en su sesión de junio de 2017 adoptó un acuerdo por unanimidad para que el curso académico 2017-2018 fuera el primero de los cursos en los que el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos se impartiera en la UBU. Concretamente, querían que el primer curso se ofreciera en la UBU y el resto se siguieran impartiendo transitoriamente en la Escuela de Relaciones Laborales ya que se adoptó el acuerdo de ir reduciendo progresivamente la aportación en la financiación que daba el Ayto. a esta escuela en un 25% cada año hasta que al cabo de 4 años se dejara de aportar y se liquidara el patronato de la Escuela de Relaciones Laborales.
El personal de la escuela presentó un recurso contra el acuerdo adoptado en junio de 2017 cuya sentencia declara la nulidad del pronunciamiento realizado en el apartado primero de dicho acuerdo por parte del Ayto. Por ello, declara que el pleno municipal no era competente y que dicho acuerdo lo debe adoptar el propio patronato de la Escuela de Relaciones Laborales.
El pasado 22 de enero, la sala del TSJCyL, que lleva la anterior sentencia, dicta una nueva sentencia contra otro de los recursos presentados por el personal de la escuela anulando la orden a través de la cual la UBU impartía el grado de Relaciones Laborales. Es decir, no solo anula el acuerdo del Ayto. para traspasar el acuerdo del grado a la universidad, si no que anula la orden de la Consejería de Educación en la que habilita a la UBU a asumir dicha titulación. Y esto genera un problema ya que la UBU anuncia que cumplirá la sentencia y no continuará con la matriculación de alumnos para este grado en el curso académico 2019-2020.
Los socialistas quieren trasladar al pleno la necesidad de solucionar este problema en el seno del patronato de la Escuela de Relaciones Laborales. Tal y como dice la sentencia del TSJCyL, debe ser el propio patronato quien acepte ese acuerdo y por lo tanto quieren que el alcalde convoque con urgencia al consejo del patronato de la escuela para poder reunir allí a los patronos y abordar esta cuestión. Pero también deben acordar que la UBU pueda matricular para seguir impartiendo el grado y el organismo competente habilite que puedan continuar con la titulación.
Ante el posible despido de los trabajadores de la Escuela de Relaciones Laborales, de la Rosa quiere que puedan contrastar en un periodo de diálogo con los trabajadores para llegar a un acuerdo extrajudicial porque si no serán los tribunales quienes dicten sentencia y habrá o no que indemnizar. Lo que el Ayuntamiento no quiere es que se pierda este grado en Burgos y quieren conseguir que se siga ofreciendo.
UNED
La subvención que el Ayuntamiento va ofreciendo a este centro asociado de la UNED va a ir progresivamente disminuyendo, a imitación como hicieron con la Escuela de Relaciones Laborales, a razón de que en el año 2021 el Ayto. dejará de aportar dinero al centro. Y confiando en que el centro asociado encontrara otro tipo de financiación, sobre todo porque va a empezar a formar parte de la Administración Pública del Estado a efectos de fiscalización.
Estos acuerdos fueron condicionados a un informe jurídico que debía emitir el secretario general del pleno sobre la legalidad de estos mismos. El informe del secretario del pleno fue inequívoco, dejando claro el Ayto. como entidad participante todavía del patronato de este centro asociado y mientras subsista su condición de entidad financiadora debe instar a que se produzca la actuación estatutaria de acuerdo a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y de racionalización del sector público. Con ello quiere decir que más allá de que el Ayto. decida salirse como ha decidido en el año 2021, de que siga aportando solo hasta el año 2020; este es el único centro asociado de toda España que no ha adaptado sus estatutos a estas dos leyes, por ejemplo transformando su naturaleza en consorcio, que es una obligación.
También ha querido añadir que curiosamente la aportación acordada para 2018 de 180.500€ sigue pendiente de pago. No cumplieron el acuerdo plenario dado que la junta de gobierno local, a propuesta del señor alcalde, dejó el expediente encima de la mesa. No entiende por qué el Ayto. no ha sido capaz de cumplir su propio acuerdo.
