La Policía Nacional destapa un fraude de casi 6.000.000 de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas
Para hacerse con el dinero, familiares en la mayoría pero en ocasiones también amigos, ocultaban el fallecimiento del pensionista a la administración falsificando el certificado de Fe de vida y estado e incluso la propia firma del difunto
Agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social incardinada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, han destapado un fraude de casi 6.000.000 de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas.
Los agentes han arrestado a nueve de las 46 personas identificadas en 10 comunidades autónomas como presuntas responsables de un total de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida. La mayoría de los implicados eran familiares de las personas fallecidas, aunque también se han encontrado casos de amigos o compañeros de vivienda.
Para hacerse con el dinero ocultaban el fallecimiento del pensionista a la Administración llegando a falsificar el certificado de fe de vida y estado e incluso la propia firma del difunto, con el objeto de realizar reintegros en efectivo. Uno de los implicados cobró las prestaciones de forma ilícita durante casi 20 años haciéndose pasar por un nonagenario. Para lograrlo aprovechó sus similares características físicas con el difunto, disfrazándose con ropa de persona mayor y utilizando un andador.
La investigación comenzó tras recibir varias denuncias, en diferentes puntos del país, en las que se informaba de posibles fraudes a la Tesorería General de la Seguridad Social. Con las primeras pesquisas se averiguó que eran familiares o amigos de pensionistas fallecidos quienes seguían cobrando de forma ilícita las pensiones de estos.
Avanzada la investigación, los agentes localizaron casos similares en 17 provincias españolas -A Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Vizcaya- y cuantificaron casi 6.000.000 millones de euros como cantidad defraudada a la Seguridad Social.
Además han identificado a 46 personas como responsables de un total de 53 delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental, estafa y apropiación indebida. Entre los motivos más comunes en los que se escudaban las personas que cobraban las prestaciones indebidamente para cometer el fraude están el desconocimiento de su abono -pese a que hacían uso de ese dinero-, necesidades económicas para la subsistencia personal o familiar, o la creencia de que, una vez que el banco había solventado el fraude de los últimos cuatro años, se podía disfrutar del dinero acumulado en los años anteriores.