Huelga de los funcionarios de prisiones
En Burgos, faltan más de 50 empleados y la media de edad es de 55 años
Los sindicatos UGT, ACAIP, CCOO, CSIF y CIG han convocado para los días 24 y 26 de octubre las primeras jornadas de huelga a fin de instar al Gobierno al desbloqueo del conflicto laboral, que desde hace más de un año mantenemos con la Administración Penitenciaria.
Denuncian la necesidad de abordar una negociación real, tras la propuesta presentada por la administración penitenciaria el pasado 25 de septiembre y que nos fue retirada tan solo tres día después bajo el argumento de restricción presupuestaria y que suponía un incremento retributivo de 123 millones euros a los largo del periodo 2019-2021.
Los trabajadores y trabajadoras de prisiones se encuentran absolutamente indignados; entienden que desde la administración se ha faltado al respeto a los empleados y empleadas de las prisiones y es por ello que han convocado una serie de medidas de presión que han dado comienzo hoy con el primero de los seis días de huelga, así como en el conjunto de centros dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, y que se extenderán a lo largo de los meses de octubre (24 y 26) y noviembre (6,8,13 y 15).
Diálogo que ha quedado truncado
Igualmente consideran que el dialogo que inician con el actual partido en el gobierno así como los actuales socios en la aprobación del presupuesto mientras estaban en la oposición y que les movió a presentar una enmienda a los anteriores presupuestos generales ha quedado truncado.
El gobierno debe volver a la negociación con la propuesta de reclasificación de centros y adecuar el salario de los empleados y empleadas de prisiones a las reales cargas de trabajo. Reconociendo de la misma forma que sin personal suficiente la administración penitenciaria no podrá llevar a cabo los objetivos de reeducación y reinserción que la legislación le encomienda.
Por último denuncian los abusivos servicios mínimos que deben soportar como funcionarios públicos y que entienden que les impiden un desarrollo normalizado de un derecho legítimo como lo es el derecho de huelga.
