Fernando Gómez pide la dimisión de Salinero
Gómez pide a Salinero que «asuma las responsabilidades políticas que me exigió a mí y las económicas para que no sean los burgaleses quienes costeen con sus impuestos sus vendettas particulares y su política de camorra».
Pide responsabilidades políticas y económicas a Salinero
El Tribunal de Cuentas ha archivado la cauda que el Ayuntamiento de Burgos seguía contra Fernando Gómez a través de la tesorería municipal. Según Gómez, se demuestra que «he sido víctima de un proceso político y de negligencias graves desde la tesorería municipal».
Además, el concejal no adscrito pide que Raúl Salinero, como proponente de la demanda debiera de asumir las responsabilidades políticas que «me exigió a mí» y las económicas para que no sean los burgaleses los que costeen con sus impuestos sus vendettas particulares y su política de camorra.
Negligencia intencionada
Fernando Gómez señala que el alcalde «debiera tomar las medidas disciplinarias por las negligencias de la tesorería municipal, llegando incluso a su cese por incurrir en mentiras de la demanda ya que no se puede dejar sin depurar las responsabilidades de la bochornosa imagen que de la ciudad se ha trasladado ante el Tribunal de Cuentas».
Para Fernando Gómez, existe una clara negligencia que pudiera ser intencionada desde la responsable de Tesorería Municipal que ha llevado a cabo este expediente y esta reclamación. «No tiene otra explicación que se pretenda reclamar unos supuestos intereses sobre una deuda, aun en litigio, a través del Tribunal de Cuentas, sin ninguna comunicación al interesado. Y menos aún que para reclamar esos 395,50 euros se utilicen varias veces más, cuando una simple comunicación hubiera servido». Gómez apuntaba que es una cantidad que hubiera depositado como en su día depositó la cantidad que se le reclamó, «aunque no estuviera de acuerdo».
Pide medidas disciplinarias
Ante esta situación, Fernando Gómez ha remitido un escrito al alcalde, como firmante de la denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que pueda saber dos cosas, por un lado, quien o quienes le informaron de que tenía que llevar adelante esa demanda y cuánto dinero le ha costado al erario la supuesta reclamación-procuradora, horas de los trabajadores municipales, desplazamiento del letrado municipal a Madrid, gastos de envío de documentación…- y a la vez instando a que sea el equipo de gobierno quien tome las medidas disciplinarias por esta negligencia, mala praxis y falsedad en la demanda, llegando incluso al cese si se demostrara abuso de poder e intención en las mismas.
