El PSOE exige a la Junta que asuma la titularidad de las residencias
El PSOE exige que la Junta asuma la titularidad y gestión de las residencias de las que ahora, a pesar de la ley, se encarga la Diputación
La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, y el portavoz socialista en la Diputación Provincial, David Jurado, han anunciado que este miércoles se debatirá en el Pleno de las Cortes autonómicas una proposición no de Ley (PNL) en la que se solicita que la Junta integre en su red de centros de residenciales de titularidad pública las residencias de mayores y los centros de personas con discapacidad cuya gestión está recayendo en las diputaciones provinciales, a pesar de no ser las administraciones competentes.
Como ha recordado Peña, la Junta está obligada a cumplir esta petición, puesto que de su exclusiva competencia “no solo lo establece la normativa estatal, sino también la autonómica, que obliga a asumir las residencias de mayores”. Una reivindicación que no es nueva, ya que el PP lo votó en contra en Diputación y desde entonces, a pesar de los cambios normativos, la ley sigue dando la razón a los socialistas.
Por eso, a juicio de Peña, la Institución provincial “se dedica a tapar las vergüenzas de la Junta en esta materia” y es que de hecho, una sentencia favorable a la Comunidad extremeña contra la Ley Montoro igualmente confirma la validez de esta reivindicación.
“Los ayuntamientos de esta provincia dejan de recibir 21 millones de inversión porque el PP en Diputación ha decidido emplearlo en una competencia impropia”, ha recalcado Peña en alusión a la financiación de las residencias de mayores por parte de Diputación.
De manera independiente a que se apruebe o no esta iniciativa, el PSOE también llevará esta petición al Pleno de la Diputación. Su presidente, César Rico, defendía que sea responsabilidad de la Junta, “pero ahora enmudece”, relata Jurado, quien entiende que este silencio se deriva de lo hayan ‘abroncado’ desde Valladolid.
El PP en la Diputación podrá posicionarse con esta moción, advierte el socialista, quien además se ha preguntado “en manos de quién estamos. Todo un gerente de servicios sociales y la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, no saben cuáles son sus competencias”, al hilo de las recientes declaraciones de estos cargos con las que ambos pretenden justificar que no se encarguen de estas residencias.
“Si en su partido a César Rico no le permiten expresar abiertamente su posicionamiento, que no se preocupe, que en la Diputación vamos a presentar una moción que va a poder apoyar fervorosamente”, ha ironizado.
A través de estas iniciativas, los socialistas piden que se financie adecuadamente estas residencias hasta que la Junta las asuma de manera definitiva; la constitución inmediata de comisiones mixtas de traspaso, que precisamente pidió Rico; que el proceso esté concluido en 2019, o la integración del personal en la institución autonómica.
Esta cuestión va acompañada, como no puede ser de otra manera, de una financiación adecuada, por lo que también se debatirá en las Cortes autonómicas otra propuesta relacionada con la financiación de los servicios sociales. Y es que tras caducar este año el acuerdo marco de servicios sociales ha sido en noviembre cuando las entidades han firmado el del 2017, 2018 y 2019, tras estar, por tanto, “casi un año en el limbo”.
Por todo ello, en esta propuesta, se reclama que dado que el Ejecutivo autonómico es el competente en esta materia y que la gestión de la misma la debe realizar con las entidades locales de más de 20.000 habitantes y las diputaciones, que se establezcan los criterios objetivos de reparto, que se financien adecuadamente los equipos de acción social y que se revise este acuerdo.
Solo en la provincia la financiación de programas de servicios sociales, competencia de la Junta, generan un déficit anual de 16 millones de euros. 32 millones al año es lo que cuesta prestarlo, si se incluye el coste de las residencias, cuando, además, la recaudación por parte de la Diputación es mínima.
Pensiones
Por otra parte, Peña defenderá mañana una iniciativa en el Congreso de los Diputados relacionada con la consideración de unidades de convivencia como factor excluyente en algunos casos del cobro de pensiones.
Ha explicado también la diputada nacional que esta iniciativa pretende corregir situaciones como la siguiente: en Soria hay dos hermanas -una con pensión contributiva y otra, no contributiva- que constituyen unidad de convivencia por estar en el mismo centro residencial. Al contemplarlo dentro de esta ‘categoría’, una tiene que dejar de cobrar la prestación no contributiva. “Es una injusticia social clarísima”, opina Peña, quien informa de que hay unas 400 personas afectadas en España, de las que dos están en la provincia.
