Peña defenderá en el Congreso los derechos de los trabajadores de la seguridad privada de Defensa
La diputada socialista ha presentado una PNL contra la precariedad laboral del sector de la seguridad privada de Defensa, que en Burgos afecta a 12 trabajadores y a más de 600 en el conjunto del país
La diputada socialista Esther Peña defenderá el próximo miércoles en la Comisión de Empleo del Congreso una proposición no de ley que tiene como objetivo acabar con la situación de precariedad laboral en la que afecta a más de 600 trabajadores del servicio de seguridad privada de Defensa que el Ministerio contrató con Marsegur para sus instalaciones en el conjunto del país.
En la provincia de Burgos hay cerca de una docena de afectados y la parlamentaria socialista ha escuchado sus reivindicaciones de la mano de uno de los representantes sindicales del sector, el secretario sectorial de Seguridad Privada de FesMC UGT, Javier Muriel, con quien ha mantenido una reunión de trabajo.
Según este sindicalista, pese a las reivindicaciones y acuerdos parlamentarios, la rescisión del contrato con Marsegur no se ha hecho efectiva y sigue en vigor hasta mayo de 2018 y tiene posibilidad de prórroga por un año más. Mientras tanto, algunos trabajadores del sector ya han cobrado las nóminas pendientes de agosto, incluso las de octubre, aunque siguen percibiendo unos 726 euros mensuales, como estipula el convenio de empresa, por debajo de los 980 euros que cobran quienes están sujetos a un convenio colectivo.
Aplicación del convenio sectorial
La proposición socialista pretende revertir esta situación, al obligar al Gobierno a ocuparse de la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos que externaliza, como es el caso de la seguridad privada de Defensa, y a que haga prevalecer la aplicación del convenio sectorial frente al de empresa. Esta es, al menos la solicitud socialista, que pide también que no se adjudiquen servicios a empresas que presentan propuestas con una baja temeraria.
“Pedimos que se recupere la prevalencia del convenio sectorial ante los convenios de empresa, que se adopten medidas para garantizar su respeto por parte de los adjudicatarios de concursos públicos, que se señale con claridad en los pliegos que las empresas que incumplan la legislación laboral verán rescindido su contrato y que se impulse una contratación pública socialmente responsable, creando órganos donde participen las organizaciones sindicales y empresariales y donde el precio no sea el único criterio de contratación”, ha resumido Peña.
Nueva Ley de Contratos de Servicios Públicos
La diputada socialista entiende que este es el momento oportuno para plantear estas solicitudes, ya que el proyecto de la nueva Ley de Contratos de Servicios Públicos se encuentra en el Senado. De momento, el PP intenta eludir su responsabilidad sobre las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas adjudicatarias y sobre posibles bajas temerarias, tal y como ha acreditado con la presentación de tres enmiendas, según Peña.
La parlamentaria socialista añade que la reforma laboral del PP también ha agravado la situación de estos empleados, que empezaron a ver recortadas sus retribuciones hasta en un 40 y 50% a partir de 2012. “Hay profesionales de la seguridad privada que no cobran ni 4 euros por hora por prestar sus servicios en instalaciones de alto riesgo de Defensa”, denuncia y apunta a otro problema: las bajas por depresión y ansiedad en el caso de Burgos que “cuesta mucho que se cubran”.
